América

En Norteamérica, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor el 1 de enero de 1994, es el acuerdo de libre comercio más emblemático. Se convirtió en un símbolo del orden mundial neoliberal y sirvió de modelo para los acuerdos implementados durante las décadas posteriores. El TLCAN amplió el acuerdo comercial entre Canadá y Estados Unidos de 1989 y se consideró un hito al establecer estándares nuevos en áreas como la agricultura, la inversión, la propiedad intelectual y los servicios. Sin embargo, ha sido calificado como una "sentencia de muerte" para los campesinos y los pueblos indígenas de México, por lo que el TLCAN provocó una fuerte y sostenida resistencia en el país, incluyendo el levantamiento zapatista. Treinta años de liberalización comercial bajo el TLCAN han tenido consecuencias nefastas para la población. Las consecuencias más graves se han sentido en México, donde la agricultura a pequeña escala se ha visto amenazada, mientras que los empleos con bajos salarios y malas condiciones laborales han proliferado. El TLCAN fue renegociado en 2017 por la primera administración Trump. La versión revisada, denominada Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC en México, USMCA en EE.UU. y CUSMA en Canadá), entró en vigor el 1 de julio de 2020.

Latinoamérica es una de las regiones del mundo con mayor densidad de acuerdos comerciales y de inversión, y también una de las regiones donde la resistencia es más fuerte.

Chile ha firmado más de 30 acuerdos comerciales y más de 50 tratados bilaterales de inversión (TBI). Perú cuenta con más de 20 acuerdos comerciales y más de 30 TBI. Colombia, por su parte, tiene más de 15 acuerdos comerciales y más de 15 TBI. Estos tres países tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Perú y Chile también tienen acuerdos comerciales con China. Ecuador cuenta con más de 10 acuerdos comerciales, incluyendo uno firmado con China y la Unión Europea, y otros en negociación con Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Canadá. Ecuador denunció todos sus TBI hace más de una década, al igual que Bolivia. Mientras que Chile, Perú y México, también son miembros del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP-11), un acuerdo de comercio e inversión entre 12 países.

A nivel regional, el bloque Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia en proceso de adhesión) mantiene acuerdos comerciales con Israel, Egipto y Palestina, así como acuerdos preferenciales con India, México y la Unión Aduanera del África Meridional. En 2025, Mercosur firmó un acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y, en enero de 2026, otro con la Unión Europea. Este último ya ha sido ratificado por todos los países del bloque y se espera que entre en vigor provisionalmente en mayo de 2026, hasta su ratificación definitiva por la Unión Europea. Mercosur también ha anunciado negociaciones para un acuerdo comercial con Canadá.

Frente a esta expansión del régimen de comercio e inversión, América Latina también tiene una larga historia de resistencias. En 2005, uno de los hitos más importantes fue la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un intento de crear un acuerdo de libre comercio que buscaba cubrir todo el continente americano, de la cual se cumplieron 20 años. Esta victoria fue el resultado de una articulación de movimientos sociales, sindicatos, organizaciones campesinas y gobiernos que cuestionaban el proyecto impulsado por Estados Unidos. La campaña continental contra el ALCA no sólo logró frenar ese acuerdo, sino que marcó un precedente para la construcción de redes regionales de resistencia.

Otro eje central de estas críticas de los movimientos sociales es en torno al sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS), presente en la mayoría de los TBI y muchos capítulos de inversiones de los TLC. El ISDS permite a empresas transnacionales demandar a los Estados soberanos ante tribunales internacionales. América Latina ha sido una de las regiones más demandadas del mundo bajo este sistema, enfrentando litigios multimillonarios que afectan las finanzas públicas y condicionan la toma de decisiones.

En respuesta, varios países han impulsado acciones para limitar o abandonar estos mecanismos. Bolivia (2007), Ecuador (2010), Venezuela (2012) y Honduras (2024) se retiraron del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), argumentando la necesidad de recuperar soberanía. De estos países, Ecuador retornó al CIADI en 2021 y Honduras en 2026. Más recientemente, en Abril de 2026, Colombia ha anunciado la revisión de su política de tratados y su posible salida de estos mecanismos. 

La proliferación de estos acuerdos no ha resuelto los problemas estructurales de desarrollo, sino que ha consolidado un modelo basado en la dependencia, el extractivismo y la subordinación. Frente a ello, los movimientos sociales han propuesto alternativas, retomando la experiencia de las resistencias y planteando la necesidad de una integración regional centrada en los pueblos, la soberanía y la justicia social. 

última actualización: mayo de 2012

Foto: Jim Winstead / CC BY 2.0