Los Estados europeos han estado entre los más activos en la promoción de acuerdos comerciales y de inversión con otros países. Los principales actores en la negociación de estos acuerdos son el bloque de 27 países de la Unión Europea (UE), la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), la Unión Económica Euroasiática liderada por Rusia (UEE, que también incluye a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán) y el Reino Unido. Muchos de estos acuerdos han suscitado movimientos de resistencia a gran escala y han fomentado la coordinación internacional entre grupos de la sociedad civil debido a las políticas neoliberales perjudiciales que imponen a las personas y al medio ambiente, además de beneficiar principalmente a las empresas transnacionales y a las élites.
La UE cuenta con 44 tratados de libre comercio (TLC) en vigor con 76 socios. En enero de 2026, firmó un acuerdo con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y próximamente Bolivia). Esta iniciativa ha generado gran controversia, debido a su posible impacto sobre los sistemas alimentarios, el medio ambiente y el clima. La UE también firmó un acuerdo con la India. Estas iniciativas se consideran ampliamente como una respuesta a las turbulencias geopolíticas aceleradas por Trump. Más negociaciones están en curso, e incluyen a Australia, Indonesia, Malasia, México, Filipinas, Tailandia, y los Emiratos Árabes Unidos.
Más recientemente, la UE ha iniciado nuevos tipos de acuerdos más limitados que complementan los TLC más amplios. Están sujetos a un menor escrutinio público. Tal es el caso, por ejemplo, de los acuerdos de comercio digital con Corea del Sur y Singapur. También ha varios “acuerdos relativo a la facilitación de las inversiones sostenibles”, “asociaciones de comercio e inversión limpios”, y alianzas en materia de materias primas.
A mediados de la década de 2010, surgió un movimiento de oposición masiva sin precedentes contra los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos (la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, TTIP) y Canadá (el Acuerdo Económico y Comercial Global, CETA). Se establecieron plataformas anti-TTIP en cada Estado miembro de la UE, y una Iniciativa Ciudadana Europea autoorganizada contra el TTIP y el CETA reunió más de 3,3 millones de firmas en su primer año. Las críticas se centraron en los impactos negativos sobre la agricultura y las normas alimentarias, así como por la inclusión del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), que permite a los inversores extranjeros demandar al país anfitrión por cualquier pérdida resultante de beneficios futuros ante su propio sistema judicial privilegiado. En 2017, las negociaciones con Estados Unidos se suspendieron indefinidamente, pero el CETA entró en vigor de manera provisional después de que su mecanismo ISDS fuera rebautizado como “sistema de tribunales de inversión”, considerado en gran medida un simple cambio cosmético por la sociedad civil.
La AELC ha firmado 33 acuerdos de libre comercio con 44 países y regiones fuera de Europa. Estos acuerdos han entrado en vigor con 40 de esos países. Los TLC más recientes son aquellos con la India (en vigor desde octubre de 2025), Kosovo, Malasia, Mercosur, Singapur (acuerdo de comercio digital) y Tailandia. La AELC también está negociando un acuerdo con Vietnam.
Estos acuerdos han sido criticados por grupos suizos y por un Relator Especial de la ONU por impulsar disposiciones que van más allá de los requisitos de las normas de la Organización Mundial del Comercio contenidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) —conocidas como TRIPS+—, incluida la UPOV91, que establece normas que impiden a los agricultores guardar semillas. Estas disposiciones están obstaculizando los derechos del campesinado, así como el derecho a la alimentación y a la salud. El acuerdo AELC-Mercosur también ha sido criticado por priorizar el aumento de las exportaciones de productos lácteos sobre la lucha contra la crisis climática.
El Reino Unido cuenta actualmente con 40 acuerdos comerciales en vigor con 72 socios, incluida la UE. Estos incluyen acuerdos de continuidad que se mantuvieron desde la época de la pertenencia a la UE y nuevos acuerdos negociados.
El Reino Unido tiene acuerdos posteriores al Brexit en vigor con Australia y Nueva Zelanda, así como con Singapur y Ucrania solo para comercio digital. En 2024, se unió al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Ha firmado un acuerdo comercial con la India y actualmente está negociando con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Corea del Sur (una actualización del TLC), Suiza, Tailandia, Turquía y Estados Unidos.
Grupos de la sociedad civil han criticado el acuerdo con el CCG por ignorar los derechos humanos y el clima. También han denunciado que el acuerdo con la India pone en peligro la capacidad del país del sur de Asia para proteger la salud, los datos y los medios de vida. Grupos británicos también han condenado los acuerdos comerciales y de inversión del Reino Unido por incluir el mecanismo ISDS.
La UEE también está muy activa en la negociación de acuerdos comerciales. La unión se creó para desafiar la influencia económica de Estados Unidos y la UE, y para contrarrestar los intentos de ambas superpotencias de aislar a Rusia. Aunque sus TLC suelen ser más limitados que los de sus homólogos, la UEE es conocida por impulsar disposiciones que exigen a los países adherirse a la UPOV.
La UEE cuenta actualmente con acuerdos comerciales en vigor con China, Irán, Serbia y Vietnam. Ha firmado TLC con Indonesia, Mongolia, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos. Está negociando acuerdos comerciales con Camboya, Chile, Egipto, India, Israel, Corea y Perú. También podrían surgir en el futuro negociaciones con la ASEAN, Bangladesh, el Consejo de Cooperación del Golfo, Mauricio, Mercosur, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Pakistán, Tailandia y Túnez.
En 2012, la UEE estableció una zona de libre comercio con Moldavia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán, como parte de la Zona de Libre Comercio de la Comunidad de Estados Independientes. El 1 de enero de 2016, Rusia suspendió el acuerdo con Ucrania, tras la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ucrania.
Los movimientos campesinos de Europa y América Latina, la Coordinadora Europea Vía Campesina, ECVC y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC -LVC, han celebrado una votación clave en el Parlamento Europeo el 21 de enero, que detiene temporalmente el proceso de ratificación del controvertido Acuerdo de Libre Comercio UE–Mercosur, al tiempo que advierten que el acuerdo aún podría avanzar prematuramente.
A través del mecanismo de la Iniciativa Ciudadana Europea, organizaciones y ciudadanos de la Unión están promoviendo una campaña con el objetivo de recoger 1.000.000 de firmas para exigir la suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel en vista de las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel.
Se trata de una ICE, es decir Iniciativa Ciudadana Europea, en el marco de la EU, con valor jurídico en virtud del tratado de Lisboa. Porque es inadmisible que Europa siga siendo cómplice de lo que sucede en Gaza. Difunde junto con esta explicación, es importante que se difunda y firme.
El 14 de enero de 2026, 52 campesinxs de la Confédération Paysanne fueron detenidxs tras ocupar pacíficamente la sede del Ministerio de Agricultura en París. La acción buscaba denunciar el abandono sistemático de la agricultura de pequeña escala, exigir la democratización de las políticas agrícolas francesas y alertar sobre las graves consecuencias del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.
Los productores locales de Argentina prendieron las alertas sobre la posibilidad de que los países europeos apliquen salvaguardas para proteger al campo del Viejo continente, en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. A los exportadores argentinos les preocupa la discrecionalidad que pueden aplicar los países europeos con tal de mantener a raya los reclamos de sus productores.
Los agricultores mantienen sus protestas por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Andoni García, portavoz de la ejecutiva de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) asegura que pese a ser una "buena noticia" que el Parlamento Europea acuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea "no se fían del todo" y que la decisión dependerá de la Eurocámara.
Las principales organizaciones agrarias de España han confirmado que mantendrán las protestas anunciadas para la semana que viene, a pesar de que el Parlamento Europeo haya paralizado el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur al elevarlo a la justicia europea.
El gobierno de Brasil dijo este miércoles que seguirá trabajando para «acelerar» la ratificación del acuerdo firmado por la Unión Europea con el Mercosur, luego de que el Parlamento Europeo remitiera el texto a la justicia comunitaria. «El gobierno brasileño da toda la prioridad a la ratificación del acuerdo UE-Mercosur y seguirá trabajando para acelerar sus trámites internos de aprobación», dijo la cancillería.
El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur tras aprobar, por una mayoría de 334 votos a favor frente a 324 en contra, el envío del texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La medida, tomada apenas cuatro días después de la firma oficial del pacto en Paraguay, busca que los jueces determinen si el tratado es compatible con los principios fundamentales de la Unión Europea.
El PIT CNT expresó su preocupación por las asimetrías entre los países y anunció que puede haber dificultades para el empleo. "El acuerdo entre el Mercosur y Europa genera niveles de preocupación en la central obrera", dijo este sábado a Radio Monte Carlo, el dirigente Martín Ford.