Los Estados europeos han estado entre los más activos en la promoción de acuerdos comerciales y de inversión con otros países. Los principales actores en la negociación de estos acuerdos son el bloque de 27 países de la Unión Europea (UE), la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), la Unión Económica Euroasiática liderada por Rusia (UEE, que también incluye a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán) y el Reino Unido. Muchos de estos acuerdos han suscitado movimientos de resistencia a gran escala y han fomentado la coordinación internacional entre grupos de la sociedad civil debido a las políticas neoliberales perjudiciales que imponen a las personas y al medio ambiente, además de beneficiar principalmente a las empresas transnacionales y a las élites.
La UE cuenta con 44 tratados de libre comercio (TLC) en vigor con 76 socios. En enero de 2026, firmó un acuerdo con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y próximamente Bolivia). Esta iniciativa ha generado gran controversia, debido a su posible impacto sobre los sistemas alimentarios, el medio ambiente y el clima. La UE también firmó un acuerdo con la India. Estas iniciativas se consideran ampliamente como una respuesta a las turbulencias geopolíticas aceleradas por Trump. Más negociaciones están en curso, e incluyen a Australia, Indonesia, Malasia, México, Filipinas, Tailandia, y los Emiratos Árabes Unidos.
Más recientemente, la UE ha iniciado nuevos tipos de acuerdos más limitados que complementan los TLC más amplios. Están sujetos a un menor escrutinio público. Tal es el caso, por ejemplo, de los acuerdos de comercio digital con Corea del Sur y Singapur. También ha varios “acuerdos relativo a la facilitación de las inversiones sostenibles”, “asociaciones de comercio e inversión limpios”, y alianzas en materia de materias primas.
A mediados de la década de 2010, surgió un movimiento de oposición masiva sin precedentes contra los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos (la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, TTIP) y Canadá (el Acuerdo Económico y Comercial Global, CETA). Se establecieron plataformas anti-TTIP en cada Estado miembro de la UE, y una Iniciativa Ciudadana Europea autoorganizada contra el TTIP y el CETA reunió más de 3,3 millones de firmas en su primer año. Las críticas se centraron en los impactos negativos sobre la agricultura y las normas alimentarias, así como por la inclusión del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), que permite a los inversores extranjeros demandar al país anfitrión por cualquier pérdida resultante de beneficios futuros ante su propio sistema judicial privilegiado. En 2017, las negociaciones con Estados Unidos se suspendieron indefinidamente, pero el CETA entró en vigor de manera provisional después de que su mecanismo ISDS fuera rebautizado como “sistema de tribunales de inversión”, considerado en gran medida un simple cambio cosmético por la sociedad civil.
La AELC ha firmado 33 acuerdos de libre comercio con 44 países y regiones fuera de Europa. Estos acuerdos han entrado en vigor con 40 de esos países. Los TLC más recientes son aquellos con la India (en vigor desde octubre de 2025), Kosovo, Malasia, Mercosur, Singapur (acuerdo de comercio digital) y Tailandia. La AELC también está negociando un acuerdo con Vietnam.
Estos acuerdos han sido criticados por grupos suizos y por un Relator Especial de la ONU por impulsar disposiciones que van más allá de los requisitos de las normas de la Organización Mundial del Comercio contenidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) —conocidas como TRIPS+—, incluida la UPOV91, que establece normas que impiden a los agricultores guardar semillas. Estas disposiciones están obstaculizando los derechos del campesinado, así como el derecho a la alimentación y a la salud. El acuerdo AELC-Mercosur también ha sido criticado por priorizar el aumento de las exportaciones de productos lácteos sobre la lucha contra la crisis climática.
El Reino Unido cuenta actualmente con 40 acuerdos comerciales en vigor con 72 socios, incluida la UE. Estos incluyen acuerdos de continuidad que se mantuvieron desde la época de la pertenencia a la UE y nuevos acuerdos negociados.
El Reino Unido tiene acuerdos posteriores al Brexit en vigor con Australia y Nueva Zelanda, así como con Singapur y Ucrania solo para comercio digital. En 2024, se unió al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Ha firmado un acuerdo comercial con la India y actualmente está negociando con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Corea del Sur (una actualización del TLC), Suiza, Tailandia, Turquía y Estados Unidos.
Grupos de la sociedad civil han criticado el acuerdo con el CCG por ignorar los derechos humanos y el clima. También han denunciado que el acuerdo con la India pone en peligro la capacidad del país del sur de Asia para proteger la salud, los datos y los medios de vida. Grupos británicos también han condenado los acuerdos comerciales y de inversión del Reino Unido por incluir el mecanismo ISDS.
La UEE también está muy activa en la negociación de acuerdos comerciales. La unión se creó para desafiar la influencia económica de Estados Unidos y la UE, y para contrarrestar los intentos de ambas superpotencias de aislar a Rusia. Aunque sus TLC suelen ser más limitados que los de sus homólogos, la UEE es conocida por impulsar disposiciones que exigen a los países adherirse a la UPOV.
La UEE cuenta actualmente con acuerdos comerciales en vigor con China, Irán, Serbia y Vietnam. Ha firmado TLC con Indonesia, Mongolia, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos. Está negociando acuerdos comerciales con Camboya, Chile, Egipto, India, Israel, Corea y Perú. También podrían surgir en el futuro negociaciones con la ASEAN, Bangladesh, el Consejo de Cooperación del Golfo, Mauricio, Mercosur, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Pakistán, Tailandia y Túnez.
En 2012, la UEE estableció una zona de libre comercio con Moldavia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán, como parte de la Zona de Libre Comercio de la Comunidad de Estados Independientes. El 1 de enero de 2016, Rusia suspendió el acuerdo con Ucrania, tras la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ucrania.
La Unión Europea (UE) y el Mercosur han firmado este viernes en Asunción (Paraguay) un acuerdo de libre comercio histórico, considerado uno de los mayores tratados comerciales del mundo. El pacto desata una oleada de movilizaciones del campo europeo y español, mientras organizaciones agrarias y ecologistas alertan de su impacto social, económico y ambiental.
"Este acuerdo va básicamente en contra de los compromisos [climáticos] de la UE", dice a DW Audrey Changoe, coordinadora de política comercial de Climate Action Network Europe, quien enumeró preocupaciones como la aceleración de la deforestación, el aumento de las emisiones de carbono, el comercio de pesticidas nocivos y la erosión de la biodiversidad.
El Mercosur y la Unión Europea firmarán este sábado en Asunción un acuerdo que creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Los dos bloques juntos representan el 30% del PBI mundial con más de 700 millones de consumidores. La firma es resistida por agricultores y ganaderos europeos que se movilizan en protestas contra el pacto.
El acuerdo UE-Mercosur consolida un patrón de intercambio desigual en donde la UE exportará bienes industriales y tecnología atrasada, mientras el Mercosur profundizará su rol como proveedor de materias primas agropecuarias y mineras. Esto es verdaderamente catastrófico porque significará el desmantelamiento del tejido industrial y la destrucción de miles de puestos de trabajo.
El Mercosur y la Unión Europea firmarán el sábado en Asunción un acuerdo que creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con el objetivo declarado de buscar una "tercera vía" frente a Estados Unidos y China, pero que genera cortocircuitos con el sector agrícola europeo e industriales de Brasil y Argentina.
El acuerdo entre la UE y Marruecos favorece a grupos de presión y actores poderosos, margina a los agricultores europeos y al pueblo saharaui y no cumple el derecho internacional.
El mayor peligro del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) es que se agudice en Uruguay un modelo productivo basado en la exportación de materias primas y bajos niveles de industrialización, dijo a la Agencia Sputnik el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), Danilo Dárdano.
A pesar de que el sábado se firma, solo entrará en vigor de forma provisional cuando lo ratifique un país de Mercosur. Más adelante debe ratificarlo la Eurocámara y después los parlamentos de todos los estados miembros en un procedimiento largo y complicado. Además de toda esta maraña queda la posibilidad de que en algunos países los sectores afectados retrasen de hecho su apertura comercial, con lo que los efectos negativos o beneficiosos no se experimentarían en su totalidad y no se sabe cuando.
El reciente acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ha generado una intensificación del debate ambiental global, particularmente en relación con la deforestación en los biomas sudamericanos y la expansión de la agricultura industrial, como la producción de soja y carne bovina. Aunque el tratado fue adoptado por los Estados miembros de la UE y se espera su firma oficial, enfrenta fuerte oposición.
Un informe del gobierno británico menciona su nuevo acuerdo comercial con Malasia a través del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) su plan para negociar un acuerdo comercial digital. Desde diciembre de 2024, Reino Unido forma parte del TIPAT, un TLC que incluye a 11 miembros: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.