Los Estados europeos han estado entre los más activos en la promoción de acuerdos comerciales y de inversión con otros países. Los principales actores en la negociación de estos acuerdos son el bloque de 27 países de la Unión Europea (UE), la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), la Unión Económica Euroasiática liderada por Rusia (UEE, que también incluye a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán) y el Reino Unido. Muchos de estos acuerdos han suscitado movimientos de resistencia a gran escala y han fomentado la coordinación internacional entre grupos de la sociedad civil debido a las políticas neoliberales perjudiciales que imponen a las personas y al medio ambiente, además de beneficiar principalmente a las empresas transnacionales y a las élites.
La UE cuenta con 44 tratados de libre comercio (TLC) en vigor con 76 socios. En enero de 2026, firmó un acuerdo con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y próximamente Bolivia). Esta iniciativa ha generado gran controversia, debido a su posible impacto sobre los sistemas alimentarios, el medio ambiente y el clima. La UE también firmó un acuerdo con la India. Estas iniciativas se consideran ampliamente como una respuesta a las turbulencias geopolíticas aceleradas por Trump. Más negociaciones están en curso, e incluyen a Australia, Indonesia, Malasia, México, Filipinas, Tailandia, y los Emiratos Árabes Unidos.
Más recientemente, la UE ha iniciado nuevos tipos de acuerdos más limitados que complementan los TLC más amplios. Están sujetos a un menor escrutinio público. Tal es el caso, por ejemplo, de los acuerdos de comercio digital con Corea del Sur y Singapur. También ha varios “acuerdos relativo a la facilitación de las inversiones sostenibles”, “asociaciones de comercio e inversión limpios”, y alianzas en materia de materias primas.
A mediados de la década de 2010, surgió un movimiento de oposición masiva sin precedentes contra los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos (la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, TTIP) y Canadá (el Acuerdo Económico y Comercial Global, CETA). Se establecieron plataformas anti-TTIP en cada Estado miembro de la UE, y una Iniciativa Ciudadana Europea autoorganizada contra el TTIP y el CETA reunió más de 3,3 millones de firmas en su primer año. Las críticas se centraron en los impactos negativos sobre la agricultura y las normas alimentarias, así como por la inclusión del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), que permite a los inversores extranjeros demandar al país anfitrión por cualquier pérdida resultante de beneficios futuros ante su propio sistema judicial privilegiado. En 2017, las negociaciones con Estados Unidos se suspendieron indefinidamente, pero el CETA entró en vigor de manera provisional después de que su mecanismo ISDS fuera rebautizado como “sistema de tribunales de inversión”, considerado en gran medida un simple cambio cosmético por la sociedad civil.
La AELC ha firmado 33 acuerdos de libre comercio con 44 países y regiones fuera de Europa. Estos acuerdos han entrado en vigor con 40 de esos países. Los TLC más recientes son aquellos con la India (en vigor desde octubre de 2025), Kosovo, Malasia, Mercosur, Singapur (acuerdo de comercio digital) y Tailandia. La AELC también está negociando un acuerdo con Vietnam.
Estos acuerdos han sido criticados por grupos suizos y por un Relator Especial de la ONU por impulsar disposiciones que van más allá de los requisitos de las normas de la Organización Mundial del Comercio contenidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) —conocidas como TRIPS+—, incluida la UPOV91, que establece normas que impiden a los agricultores guardar semillas. Estas disposiciones están obstaculizando los derechos del campesinado, así como el derecho a la alimentación y a la salud. El acuerdo AELC-Mercosur también ha sido criticado por priorizar el aumento de las exportaciones de productos lácteos sobre la lucha contra la crisis climática.
El Reino Unido cuenta actualmente con 40 acuerdos comerciales en vigor con 72 socios, incluida la UE. Estos incluyen acuerdos de continuidad que se mantuvieron desde la época de la pertenencia a la UE y nuevos acuerdos negociados.
El Reino Unido tiene acuerdos posteriores al Brexit en vigor con Australia y Nueva Zelanda, así como con Singapur y Ucrania solo para comercio digital. En 2024, se unió al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Ha firmado un acuerdo comercial con la India y actualmente está negociando con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Corea del Sur (una actualización del TLC), Suiza, Tailandia, Turquía y Estados Unidos.
Grupos de la sociedad civil han criticado el acuerdo con el CCG por ignorar los derechos humanos y el clima. También han denunciado que el acuerdo con la India pone en peligro la capacidad del país del sur de Asia para proteger la salud, los datos y los medios de vida. Grupos británicos también han condenado los acuerdos comerciales y de inversión del Reino Unido por incluir el mecanismo ISDS.
La UEE también está muy activa en la negociación de acuerdos comerciales. La unión se creó para desafiar la influencia económica de Estados Unidos y la UE, y para contrarrestar los intentos de ambas superpotencias de aislar a Rusia. Aunque sus TLC suelen ser más limitados que los de sus homólogos, la UEE es conocida por impulsar disposiciones que exigen a los países adherirse a la UPOV.
La UEE cuenta actualmente con acuerdos comerciales en vigor con China, Irán, Serbia y Vietnam. Ha firmado TLC con Indonesia, Mongolia, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos. Está negociando acuerdos comerciales con Camboya, Chile, Egipto, India, Israel, Corea y Perú. También podrían surgir en el futuro negociaciones con la ASEAN, Bangladesh, el Consejo de Cooperación del Golfo, Mauricio, Mercosur, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Pakistán, Tailandia y Túnez.
En 2012, la UEE estableció una zona de libre comercio con Moldavia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán, como parte de la Zona de Libre Comercio de la Comunidad de Estados Independientes. El 1 de enero de 2016, Rusia suspendió el acuerdo con Ucrania, tras la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ucrania.
Más de 220 organizaciones y miembros de la sociedad civil solicitan a Teresa Ribera y al Gobierno de España que abandone el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo de inversiones para el sector energético firmado en 1994 por el Estado español.
El análisis del tratado UE-Mercosur que se realiza en estas páginas, en línea con los estudios críticos publicados en su día sobre el NAFTA, el ALCA, el TTIP o el CETA, evidencia de manera clara este vínculo así como el nocivo impacto, directo e indirecto del acuerdo UE-Mercosur respecto del bienestar y la protección de los derechos de las mayorías sociales y de la naturaleza.
Durante los últimos 15 años, desde septiembre de 2006, cuando entró en vigor el TLC entre Corea del Sur y AELC, Asociación Europea de Libre Comercio, el intercambio comercial ha aumentado en gran medida a nivel bilateral.
El Acuerdo Comercial UE-Mercosur fomentará el comercio de productos que están causando deforestación y agravando el cambio climático, a la par que se incrementan las emisiones debidas al transporte, sobre todo por barco.
Los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil de nuestra región deberían analizar con esmero el Informe que preparó Cristina Müller, la funcionaria del Euro Parlamento elegida por el Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Sanidad Alimentaria (ENVI) para analizar los tácitos riesgos de naturaleza ambiental, económica y comercial en los que podría incurrir el Viejo Continente si decide suscribir el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la UE y el mercosur.
México ha concluido, en plena pandemia, la modernización de su acuerdo de asociación con la UE. Grandes oportunidades ven unos, más de lo mismo ven otros.
Tras dos años de negociación, México y la Unión Europea completaron la semana pasada el proceso de modernización de su tratado de libre comercio, que databa del año 2000. El nuevo TLCUEM deberá pasar por un largo proceso de ratificación pero ya levanta críticas por parte de organizaciones sociales.
En diálogo con TSS, se refirió a los riesgos que implica el acuerdo no solo en lo comercial, sino también en aspectos ambientales, regulatorios y de derechos humanos.