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La Amazonía está en peligro. Por ello, líderes indígenas de Brasil, jóvenes movilizados por el clima, y organizaciones de la sociedad civil hacen una llamado urgente a los parlamentarios europeos. Piden que se anule el acuerdo EU-Mercosur y que se congelen las importaciones que causan deforestación.
El reclamo es por presuntas ganancias futuras por las que no fueron compensadas al momento de la estatización. Apuntan al fracaso de la capitalización para los jubilados en el mundo.
Ecologistas en Acción y la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión han realizado una performance ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid para pedir al Gobierno español que rechace el Acuerdo comercial UE-Mercosur.
Alejandro Guillier, junto algunos candidatos a constituyentes realizaron un llamado al Senado a no poner en tabla la suscripción al TPP-11, hasta después de las elecciones de constituyentes.
Más de 450 organizaciones lanzan una declaración conjunta en la que piden a los gobiernos que paralicen el Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Desde la Plataforma América Latina Mejor Sin TLC mujeres de diferentes organizaciones comparten sus testimonios donde explican por qué la injusticia económica que generan los acuerdos de comercio e inversión tiene rostro de mujer.
La respuesta de la AELC a la carta abierta de junio de 2020, apoyada por 250 organizaciones de todo el mundo, es decepcionante. La AELC mantiene el requisito de UPOV 91 en los TLC. Por tanto, los derechos a las semillas siguen estando bajo presión.
Por la movilización internacional en defensa de la Amazonía, Joao Pedro Stedile, líder del Movimiento Sin Tierra de Brasil, apoya la campaña #StopEuMercosur, contra el tratado comercial que amenaza los bosques latinoamericanos y los derechos de las comunidades locales.
Los tratados de libre comercio son una de las prioridades en el trabajo de la ISP y sus afiliadas en las Américas. Luchar contra estos acuerdos significa oponerse al poder corporativo y buscar una sociedad más justa, con más y mejores servicios públicos de calidad para todas las personas.
Han pasado 10 años desde la sentencia de Lago Agrio, hasta el día de hoy la petrolera se niega a cumplir con la sentencia; y, a su vez optó por activar todo un sistema que garantiza impunidad a las Transnacionales.
