Mapa de casos ISDS
TCE
Tratado sobre la Carta de Energía
El Gobierno de Portugal aprueba la renuncia del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), una decisión esperada desde julio, cuando ya informó de su intención de abandonar el tratado firmado en Lisboa en 1994, del que es “Depositario” y receptor de las notificaciones de retirada.
Un tribunal alemán ha declarado que los países miembros de la Unión Europea pueden eludir el arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) presentado al amparo del Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
Sus pleitos se suman al de Toyota, que ya salió vencedor pero sigue sin cobrar, y al de JGC, otra histórica compañía cotizada.
La Corte Suprema de Suecia ha ratificado la anulación del laudo de 53,3 millones de euros contra España y que favorecía a la compañía de energías renovables Novenergia II – Energy & Environment (SCA).
Queremos pedirles que apoyen la propuesta de la Comisión Europea para iniciar una salida coordinada de la Unión Europea (UE) y de todos sus Estados miembro del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), y que acojan un debate sobre el TCE entre los Ministros de Energía en el seno de dicho encuentro.
La UE no ha alcanzado acuerdo para reformar dicho Tratado y por tanto se anunciará esta semana su salida completa.
Nikos Lavranos (NL|IC), experto en arbitraje y derecho de inversiones, ha publicado la actualización del Informe sobre el cumplimiento de España de los laudos de arbitrajes de inversión 2023.
La misión internacional que visita el país del 22 de mayo al 1 de junio, denuncia abusos por parte de las trasnacionales. Solicita también que Colombia se retire del acuerdo sobre energía del que es observadora.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (Ciadi) ha concluido en un laudo que España debe pagar al fondo británico Infracapital 24,9 millones, más costas e intereses, por los daños que le causó el recorte de las primas a las renovables.
Un juzgado británico ha realizado un embargo al Instituto Cervantes en Londres. El TJUE y la Comisión Europea dan la razón a España.
