Mapa de casos ISDS
TCE
Tratado sobre la Carta de Energía
El informe recoge como el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) es un gran obstáculo para las medidas de mitigación climática.
El informe por Climate Change Counsel muestra que las cuestiones relativas al cambio climático y a la transición energética han estado ausentes de los laudos arbitrales en el marco del Tratado sobre la Carta de la Energía.
Un nuevo análisis del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) alerta de que los compromisos climáticos adoptados en Glasgow corren peligro para los países firmantes del TCE debido a su impacto en las inversiones fósiles.
La nueva taxonomía europea que cataloga la nuclear y el gas como energías verdes permite ver el enorme poder del lobby fósil, incluso cuando se trata de desarrollar políticas públicas determinantes para la supervivencia del planeta.
Los servicios jurídicos del Estado contratacan encargando un informe pericial sobre la rentabilidad de las plantas energéticas en las que invirtió el demandante junto a FCC.
El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) es un acuerdo internacional poco conocido pero muy controvertido: otorga a las empresas energéticas el poder de demandar a los gobiernos por sus políticas climáticas a través del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés).
El pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprueba una moción instando al Gobierno de España a abandonar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
Hay un escollo del que nadie hablará en la COP26 que puede minar cualquier acuerdo alcanzado estas semanas para reducir el uso de combustibles fósiles: el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
En los últimos 10 años el Estado español ha recibido más demandas de arbitraje de inversión que cualquier otro Estado. Con 50 casos en total, es hoy el segundo país en el mundo con más demandas en tribunales arbitrales internacionales.
TS Villalba y otros presentaron la demanda de arbitraje el 16 de septiembre de 2021 para reclamar al Estado español una indemnización por el recorte de las primas a las energías renovables.
