Mapa de casos ISDS
energía
petróleo, gas, agrocombustibles
España ha sido condenado por el CIADI a indemnizar a la empresa japonesa Mitsui & Co. con un total de 39,2 millones de euros, como resultado de un arbitraje internacional relacionado con los recortes a las primas a las energías renovables.
Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para la transición limpia, justa y competitiva de la Unión Europea, señaló que hay un capítulo del acuerdo comercia con México enfocado en la transición energética.
España se retiró del Tratado en mayo de 2024, tras considerar que ya no era compatible con los objetivos climáticos de la Unión Europea.
Las compañías francesas L’Air Liquide, société anonyme pour l’Etude et l’Exploitation des procédés Georges Claude, Air Liquide International S.A., y Azerus S.A.S. han presentado un arbitraje de inversiones contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por la expropiación de una planta de su propiedad en la refinería de Tula a favor de la estatal Pemex.
Los acuerdos comerciales y de asociación están diseñados para facilitar el acceso a estos recursos. Sin embargo, estos acuerdos benefician principalmente los intereses de las empresas europeas, mientras que los países del Sur Global sufren las consecuencias de la destrucción ambiental y los conflictos sociales.
Guatemala ha sido condenada por un tribunal internacional al pago de una indemnización de 64,5 millones USD, más la mitad de los costos de la demandante y las tarifas del tribunal, a la compañía panameña Energía y Renovación.
Empresa de distribución de gas natural demanda al Estado peruano en el Ciadi tras agotar vías administrativas.
Un panel del CIADI ha rechazado una reclamación de 256 millones € de un grupo de 44 inversores en energías renovables, de múltiples nacionalidades, encabezado por la italiana Fin.Doc.
Cómo la Unión Europea utiliza los acuerdos comerciales para garantizar el acceso a materias primas críticas en su transición verde.
La empresa energética española Enagás inició el arbitraje contra el Estado peruano ante el CIADI en 2017, luego de que el gobierno rescindiera el contrato para la construcción del Gasoducto Sur Peruano al consorcio del que era parte.
