Mapa de casos ISDS
CIADI
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Banco Mundial)
El procurador general, Manuel Díaz Galeas, explicó que la salida de Honduras del CIADI, formalizada en agosto de 2024, respondió a criterios jurídicos y estratégicos claramente definidos, orientados a la defensa de la soberanía nacional y a la protección del Estado frente a una creciente ola de demandas internacionales.
Lupaka Gold podría intentar hacerse con ciertos activos estatales peruanos a menos que el país le pague el laudo arbitral. El presidente de Lupaka, Gordon Ellis, afirmó que se ha identificado a la petrolera nacional peruana, Petroperú, que tiene “enormes deudas y paga grandes cantidades de dinero por ellas regularmente”, como un posible objetivo.
El Estado peruano realizó el pago de US$ 91 millones en cumplimiento del laudo arbitral del CIADI a favor del consorcio Kuntur Wasi. El desembolso se realizó por la resolución del contrato del Aeropuerto Internacional de Chinchero, cuya cancelación fue considerada injustificada por el tribunal internacional en 2024.
El gobierno de Uruguay anunció que acordó con la firma Montecon una prórroga para seguir negociando frente a un arbitraje internacional. Esto comenzó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando concedió la terminal de contenedores del puerto de Montevideo por 80 años a otra empresa, Terminal Cuenca del Plata.
La demanda es por 600 millones de dólares y la empresa mayoritaria de Montecon, Neltume Ports, inició el reclamo en 2024, recurriendo al tratado de protección de inversiones entre Chile y Uruguay.
En este sistema de arbitraje injusto, que es una cancha unilateral en donde solamente las empresas transnacionales pueden demandar a los Estados y no al revés, efectivamente el Estado no gana, simplemente no pierde. Guatemala está en un momento propicio en que puede revisar los compromisos que ha asumido en los tratados de inversión y decidir si le conviene mantenerse o no en este sistema ponderando los costos y beneficios.
La empresa minera Kappes, Cassidy & Associates (KCA), demandó a Guatemala por USD 499 millones ante un tribunal internacional, luego de que su proyecto minero El Tambor fuera suspendido por resoluciones judiciales tras la resistencia pacífica de comunidades organizadas en defensa de su territorio. El caso fue resuelto a favor del país, en un fallo que marca un precedente en materia de defensa territorial.
En una nota anterior abordamos el problema de la deuda “eterna”. Esta vez corresponde correr otro velo: el de un vaciamiento sistemático, disfrazado de legalidad internacional, que terminó costándole a la Argentina decenas de miles de millones de dólares. No se trata de un error técnico ni de una fatalidad histórica, sino de una construcción jurídica precisa, sostenida sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y el CIADI.
Un tribunal federal de Estados Unidos declaró al Estado peruano en situación de default debido al incumplimiento del pago de 91 millones de dólares, por la cancelación unilateral del contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco. El caso se basa en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Perú y Argentina de 1994.
El Tribunal de Columbia rechaza las defensas del Gobierno y confirma dos laudos del Ciadi que elevan la deuda total a 1.870 millones, por los casos RREEF y Antin que demandaron a España en el CIADI, alegando la violación del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE).
