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Desde el Grupo de Trabajo abogamos por una revisión profunda de estos acuerdos, la terminación de los tratados de inversión y la salida del CIADI, como parte de un conjunto de medidas orientadas a demostrar una voluntad política firme para limitar el poder de las corporaciones extranjeras en Colombia.
Panama Ports Company (PPC) amplió sus reclamos en el arbitraje internacional contra de Panamá, un mes después de la cancelación de las concesiones de los terminales de Cristobal y Balboa, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema. La compañía señaló que ahora los daños han escalado más allá de los US$2 mil millones.
Organizaciones sociales nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos y los derechos colectivos, presentaron el manifiesto titulado: “Pronunciamiento en Defensa de la Soberanía y los Derechos Colectivos en Honduras – Volver al CIADI es una señal de sumisión Nasry Asfura al capital transnacional”, un documento que rechaza de manera firme la decisión del nuevo gobierno hondureño de reincorporar al país al CIADI.
La denuncia se produjo en un contexto de demandas internacionales, entre ellas la interpuesta por inversionistas de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera, quienes reclamaron USD 10,775 millones tras la derogación, en abril de 2022, de las normativas que permitieron la instalación de ese régimen especial en el país.
El caso, patrocinado por Dechamps International Law, invoca el tratado bilateral de inversión suscrito entre Uruguay y España en 1992 y se vincula con la rescisión, en 2005, del contrato con el Consorcio Ruta 1 S.A. para la construcción, conservación y explotación del tramo de doble vía Montevideo–Libertad y la obra del puente sobre el río Santa Lucía.
PPC indicó que tanto la compañía como sus inversionistas “continúan reservándose permanentemente todos los derechos y recursos contra el Estado”, incluyendo mecanismos de arbitraje internacional y protecciones bajo tratados de inversión.
Ante el aumento récord de demandas corporativas contra Estados latinoamericanos, México propone ajustar el arbitraje del T-MEC y sostiene que el comercio regional debe mantenerse, pero con reglas que impidan que los mecanismos de solución de controversias funcionen como tribunales supranacionales capaces de condicionar políticas públicas.
El caso, patrocinado por Dechamps International Law, invoca el tratado bilateral de inversión suscrito entre Uruguay y España en 1992 y se vincula con la rescisión, en 2005, del contrato con el Consorcio Ruta 1 S.A. para la construcción, conservación y explotación del tramo de doble vía Montevideo–Libertad y la obra del puente sobre el río Santa Lucía.
Existen numerosos casos de empresas que demandan a Estados a través de filiales locales, o incluso sociedades fantasma, que asumen todo el riesgo del proceso, protegiendo así a la empresa matriz. «Los árbitros han tolerado estas prácticas, a pesar de que algunos tratados enfatizan que la inversión debe contribuir al desarrollo local de los países receptores»
Estos contratos se denominan “tratados bilaterales de inversión” (TBI). Celebrados entre dos Estados para proteger a sus respectivos inversores, han proliferado desde finales de la década de 1960. Sin embargo, no fue hasta 1990 cuando se invocó por primera vez la cláusula de arbitraje en virtud de uno de estos TBI.
