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Panamá se prepara para el laudo final del CIADI en el arbitraje interpuesto por la constructora italiana WeBuild, bajo el Tratado Bilateral de Inversión entre Italia y Panamá. Tras concluir la fase de pruebas, el tribunal delibera sobre un reclamo de $2,200 millones relacionado con la ampliación del Canal.
Un mecanismo legal poco conocido pero poderoso está socavando la transición energética, al permitir que las empresas de combustibles fósiles demanden a los países que adopten medidas climáticas.
Ecuador acaba de firmar un “Tratado de Promoción y Protección de inversiones con Emiratos Árabes Unidos” (EAU), uno de los 10 mayores exportadores de petróleo del mundo, con una tasa de extracción de más de 3 millones de barriles al día; por lo tanto, uno de los principales responsables del calentamiento global por sus emisiones de CO2 provenientes de los combustibles fósiles.
Las organizaciones firmantes expresamos nuestro rechazo al Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos, presentamos este Amicus firmado el 6 de diciembre de 2025, en tanto incluye el arbitraje internacional como mecanismo para resolver disputas entre inversionistas y el Estado.
La Comisión Europea ha concluido las negociaciones con Ecuador sobre un acuerdo de facilitación de inversiones sostenibles. Este acuerdo, el primero negociado con un país latinoamericano, será fundamental para promover las inversiones de la UE en Ecuador.
El Estado peruano realizó el pago de US$ 91 millones en cumplimiento del laudo arbitral del CIADI a favor del consorcio Kuntur Wasi. El desembolso se realizó por la resolución del contrato del Aeropuerto Internacional de Chinchero, cuya cancelación fue considerada injustificada por el tribunal internacional en 2024.
El Acuerdo habla de “protección recíproca”. El objetivo central es estimular el flujo de capital, no el bienestar social, ambiental o territorial. No se menciona a comunidades, pueblos indígenas, trabajadores ni naturaleza como sujetos de protección. El arbitraje inversionista-Estado es la arquitectura central del tratado, ignorando la función jurisdiccional del Estado. No incorpora referencias a tratados de derechos humanos. Tampoco condiciona la protección de inversiones al cumplimiento de estándares sociales o laborales.
El gobierno de Uruguay anunció que acordó con la firma Montecon una prórroga para seguir negociando frente a un arbitraje internacional. Esto comenzó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando concedió la terminal de contenedores del puerto de Montevideo por 80 años a otra empresa, Terminal Cuenca del Plata.
La demanda es por 600 millones de dólares y la empresa mayoritaria de Montecon, Neltume Ports, inició el reclamo en 2024, recurriendo al tratado de protección de inversiones entre Chile y Uruguay.
El caso de Wingtech invoca el Artículo 10 del tratado de inversión entre Países Bajos y China, que establece que los inversores de cada país deben ser tratados en igualdad de condiciones que los inversores nacionales y compensados en caso de intervención estatal.
