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Cooke Chile afirma que "ejercerá todos los recursos que la institucionalidad le otorga para afrontar esta resolución que estimamos expropiatoria, ilegal, arbitraria y discriminatoria, incumpliendo, además, el Tratado de Libre Comercio suscrito con Canadá".
El trasfondo del litigio radica en la cancelación del Gaseoducto Sur Peruano (GSP), proyecto que se adjudicó a un consorcio integrado por las empresas españolas Enagás S.A. y Enagás Internacional S.L.U. El CIADI determinó que Perú violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado entre España y Perú.
La ministra de Justicia y Transparencia Institucional confirmó que la petrolera trasnacional Shell tiene la intención” de iniciar un proceso de arbitraje, conforme al Artículo 8 del Convenio entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Bolivia, sobre el fomento y la protección de inversiones de capital, firmado en 1988.
La petrolera Shell, a través de su filial Shell Bolivia Corporation (SBC), notificó formalmente al Estado boliviano con el inicio de una disputa internacional por presuntas vulneraciones a sus derechos como inversor, en el marco del Tratado de Protección de Inversiones suscrito entre Bolivia y el Reino Unido.
Tras la recepción de la nota remitida el 16 de julio por la casa matriz romana de Enel, comenzó a correr un plazo de seis meses para que el Gobierno responda. Si no lo hace, a mediados de enero del próximo año, el grupo italiano tendrá el camino liberado para ir al tribunal internacional a denunciar al Estado por el incumplimiento de tratado de protección de inversiones extranjeras.
El Tribunal de Columbia rechaza las defensas del Gobierno y confirma dos laudos del Ciadi que elevan la deuda total a 1.870 millones, por los casos RREEF y Antin que demandaron a España en el CIADI, alegando la violación del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE).
A raíz de la cancelación unilateral de un contrato en julio de 2017, la compañía Kuntur Wasi demandó al Estado peruano ante CIADI, bajo el Tratado Bilateral de Inversiones Argentina-Perú del año 1994.
El grupo italiano Enel, dueño mayoritario de Edesur y del complejo hidroeléctrico El Chocón, puso en marcha el mecanismo administrativo y legal que apunta a iniciar una demanda contra el Estado argentino en el CIADI por los supuestos perjuicios económicos que habrían sufrido sus empresas desde la pesificación de fines de 2001.
El CIADI desestimó los argumentos presentados por el Estado español para solicitar la anulación del laudo, que condenó a España por vulnerar el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) al modificar de forma retroactiva el marco normativo que incentivaba la inversión extranjera en energía eólica.
Entre el 14 y 17 de Julio, en la ciudad de Choluteca (Honduras), más de 60 personas provenientes de 20 comunidades locales y representantes de organizaciones sociales nacionales e internacionales, se reunieron en el “Encuentro de comunidades afectadas por proyectos energéticos del sur de Honduras - Sin derechos humanos, no hay soberanía energética”. El objetivo fue visibilizar los impactos devastadores que muchos proyectos de “energía renovable” (principalmente fotovoltaicos), están generando en las comunidades locales. Al mismo tiempo, los y las participantes analizaron el asedio que el país enfrenta en tribunales internacionales, a causa de las demandas de arbitraje internacional que muchas empresas transnacionales dueñas de estos proyectos energéticos, han interpuesto en contra de Honduras.
