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El pasado 25 de marzo, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia, ante embates similares contra su soberanía, ha declarado que se retirará del sistema de arbitraje internacional. Las declaraciones de Petro se dan después de que 220 economistas y juristas le instaran en una carta a tomar medidas sobre el sistema de arbitraje e inversión. Previamente, en 2023, más de 300 organizaciones de Colombia y de más de 30 países de todo el mundo habían firmado una declaración.
A través de esta nueva acción, que se fundamenta en las disposiciones del TLC suscrito entre Panamá y Singapur, Sinolam International reclama la cancelación, en 2024, de la licencia otorgada para desarrollar el proyecto "Gas to Power Panama" para la generación de energía en el corregimiento Puerto Pilón, en la provincia de Colón.
Las empresas demandantes solicitaban una indemnización superior a 2 mil 100 millones de dólares, argumentando supuesta expropiación de tecnología y afectaciones a su inversión bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
"Indudablemente creo que hemos abierto un debate mundial, no solo colombiano. Importante la carta de los 200 economistas más nombrados en cierta forma en el mundo, como Stiglitz, como Piketty, solicitándonos un cambio en las reglas del juego del arbitraje de inversión, un tema a entrar a estudiar ya, inmediatamente", destacó Petro.
El acuerdo Indonesia-Canadá implica una sofisticada cooptación del lenguaje feminista para impulsar intereses económicos neoliberales en vez de promover una agenda de justicia económica verdaderamente feminista.
Desde el Grupo de Trabajo abogamos por una revisión profunda de estos acuerdos, la terminación de los tratados de inversión y la salida del CIADI, como parte de un conjunto de medidas orientadas a demostrar una voluntad política firme para limitar el poder de las corporaciones extranjeras en Colombia.
El presidente Gustavo Petro Urrego anunció este miércoles que Colombia va a salir del sistema de arbitraje internacional de inversión, porque los tribunales terminan resolviendo las disputas a favor de los privados.
La demanda será presentada ante el CIADI, organismo del Banco Mundial especializado en resolver disputas entre Estados y empresas extranjeras. La base jurídica del reclamo se sustenta en acuerdos internacionales vigentes, como el tratado CAFTA-DR y el acuerdo bilateral de inversiones entre el Reino Unido y Nicaragua.
Panama Ports Company (PPC) amplió sus reclamos en el arbitraje internacional contra de Panamá, un mes después de la cancelación de las concesiones de los terminales de Cristobal y Balboa, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema. La compañía señaló que ahora los daños han escalado más allá de los US$2 mil millones.
Lo que inició como una disputa por concesiones portuarias ha derivado en una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde la cifra de compensación exigida ha sido actualizada, superando ahora los 2,500 millones de dólares.
