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El arbitraje de inversiones tiene una característica clave. Está diseñado para beneficiar a una sola parte. Solo los inversionistas pueden demandar a los Estados, no al revés. Además, los casos son resueltos por paneles de tres árbitros, generalmente abogados especializados en inversión, que operan en procesos muchas veces confidenciales.
México llega esta primavera a las rondas formales de revisión del TMEC con un tema crucial sobre la mesa: los mecanismos de solución de controversias que permiten a empresas transnacionales demandar a los Estados en centros de arbitraje internacionales, usualmente por políticas públicas que consideran lesivas a sus intereses.
Le dirigimos esta carta a usted en calidad de economistas y académicos del derecho profundamente preocupados porque el sistema de arbitraje de inversión constituye un serio obstáculo para la construcción de sociedades prósperas, equitativas y sostenibles.
Tras un fallo de la Comisión Arbitral y meses de negociación con el Ministerio de Obras Públicas, la concesionaria Nuevo Pudahuel logró extender hasta 2038 la concesión del Aeropuerto de Santiago, cerrando además el arbitraje internacional ante el CIADI.
Organizaciones sociales nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos y los derechos colectivos, presentaron el manifiesto titulado: “Pronunciamiento en Defensa de la Soberanía y los Derechos Colectivos en Honduras – Volver al CIADI es una señal de sumisión Nasry Asfura al capital transnacional”, un documento que rechaza de manera firme la decisión del nuevo gobierno hondureño de reincorporar al país al CIADI.
La denuncia se produjo en un contexto de demandas internacionales, entre ellas la interpuesta por inversionistas de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera, quienes reclamaron USD 10,775 millones tras la derogación, en abril de 2022, de las normativas que permitieron la instalación de ese régimen especial en el país.
Lejos de dar la guerra por perdida, el Gobierno ha presentado una nueva solicitud de anulación de este segundo laudo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje del Banco Mundial.
El caso, patrocinado por Dechamps International Law, invoca el tratado bilateral de inversión suscrito entre Uruguay y España en 1992 y se vincula con la rescisión, en 2005, del contrato con el Consorcio Ruta 1 S.A. para la construcción, conservación y explotación del tramo de doble vía Montevideo–Libertad y la obra del puente sobre el río Santa Lucía.
PPC indicó que tanto la compañía como sus inversionistas “continúan reservándose permanentemente todos los derechos y recursos contra el Estado”, incluyendo mecanismos de arbitraje internacional y protecciones bajo tratados de inversión.
Ante el aumento récord de demandas corporativas contra Estados latinoamericanos, México propone ajustar el arbitraje del T-MEC y sostiene que el comercio regional debe mantenerse, pero con reglas que impidan que los mecanismos de solución de controversias funcionen como tribunales supranacionales capaces de condicionar políticas públicas.
