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litigios inversionista-estado | ISDS
El movimiento Revolución Ciudadana de de Ecuador, exigió al Gobierno respetar el mandato popular que rechazó el arbitraje internacional y cuestionó un tratado de inversiones negociado con Emiratos Árabes Unidos (EAU) por incluir ese mecanismo. La organización recordó que en el referéndum de abril de 2024 la ciudadanía votó en contra de incluir arbitraje internacional en convenios bilaterales.
El Estado peruano realizó el pago de US$ 91 millones en cumplimiento del laudo arbitral del CIADI a favor del consorcio Kuntur Wasi. El desembolso se realizó por la resolución del contrato del Aeropuerto Internacional de Chinchero, cuya cancelación fue considerada injustificada por el tribunal internacional en 2024.
El Acuerdo habla de “protección recíproca”. El objetivo central es estimular el flujo de capital, no el bienestar social, ambiental o territorial. No se menciona a comunidades, pueblos indígenas, trabajadores ni naturaleza como sujetos de protección. El arbitraje inversionista-Estado es la arquitectura central del tratado, ignorando la función jurisdiccional del Estado. No incorpora referencias a tratados de derechos humanos. Tampoco condiciona la protección de inversiones al cumplimiento de estándares sociales o laborales.
El gobierno de Uruguay anunció que acordó con la firma Montecon una prórroga para seguir negociando frente a un arbitraje internacional. Esto comenzó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando concedió la terminal de contenedores del puerto de Montevideo por 80 años a otra empresa, Terminal Cuenca del Plata.
Defensores del agua de la Resistencia Pacífica La Puya, al norte de la Ciudad de Guatemala, celebraron una victoria importante durante las fiestas de fin de año. El 23 de diciembre, un panel de arbitraje del CIADI del Banco Mundial falló en contra de la empresa con sede en Nevada, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), en una demanda de casi 500 millones de dólares en contra Guatemala.
La demanda es por 600 millones de dólares y la empresa mayoritaria de Montecon, Neltume Ports, inició el reclamo en 2024, recurriendo al tratado de protección de inversiones entre Chile y Uruguay.
La empresa argumentó que dicha falta de acción ocurrió pese a tratarse de una inversión extranjera protegida por el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú. Tras varios años de procedimiento, el tribunal arbitral concluyó que el Estado peruano incumplió estándares internacionales clave.
El caso de Wingtech invoca el Artículo 10 del tratado de inversión entre Países Bajos y China, que establece que los inversores de cada país deben ser tratados en igualdad de condiciones que los inversores nacionales y compensados en caso de intervención estatal.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú, ha iniciado los trámites para cumplir con el pago del laudo arbitral ordenado a favor de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., afiliada de Andino Investment Holding S.A.A. (AIH). El arbitraje se sustentó en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Perú y Argentina.
En este sistema de arbitraje injusto, que es una cancha unilateral en donde solamente las empresas transnacionales pueden demandar a los Estados y no al revés, efectivamente el Estado no gana, simplemente no pierde. Guatemala está en un momento propicio en que puede revisar los compromisos que ha asumido en los tratados de inversión y decidir si le conviene mantenerse o no en este sistema ponderando los costos y beneficios.
