Mapa de casos ISDS
litigios inversionista-estado | ISDS
Los servicios jurídicos del Estado contratacan encargando un informe pericial sobre la rentabilidad de las plantas energéticas en las que invirtió el demandante junto a FCC.
México ha sido considerado responsable en el conflicto con PACC Offshore Services Holdings (POSH) ante un tribunal de arbitraje de inversiones.
En junio de 2018, el CIADI ordenó al Gobierno de Seúl que pagara a la familia Dayyani unos 63 millones de dólares, pero el pago no se ha realizado debido a las sanciones de EE. UU. sobre Irán.
La firma estatal chilena dijo que quiere un arbitraje para proteger el proyecto e impulsar el cumplimiento de derechos como los previstos en el Tratado para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que tienen Chile y Ecuador.
El Ciadi ha aceptado un nuevo arbitraje entre el operador de gas y el Gobierno de Pedro Castillo, que se opone a que el grupo español traslade fuera del territorio peruano los beneficios que obtiene en el país.
Las recomendaciones del informe apuntan a que desde la Constitución se ponga un candado a las empresas transnacionales y a los inversores extranjeros de tener estas prerrogativas de llevar al Estado a arbitraje internacional, cuando sienten que a través de una medida pública modifica o reduce sus ganancias.
La compañía colombiana Grupo Energía Bogotá SA junto a la guatemalteca Transportadora de Energía de Centroamérica SA han presentado un nuevo arbitraje de inversiones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Las compañías francesas VINCI Highways SAS y VINCI Concessions SAS han presentado una demanda de arbitraje de inversiones contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
México ha solicitado a un tribunal estadounidense (Distrito de Columbia) la anulación del laudo de 47 millones de dólares que un tribunal del CIADI emitió a favor de la inmobiliaria canadiense Lion Mexico Consolidated por denegación de justicia.
El pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprueba una moción instando al Gobierno de España a abandonar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
