Mapa de casos ISDS
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La empresa minera Kappes, Cassidy & Associates (KCA), demandó a Guatemala por USD 499 millones ante un tribunal internacional, luego de que su proyecto minero El Tambor fuera suspendido por resoluciones judiciales tras la resistencia pacífica de comunidades organizadas en defensa de su territorio. El caso fue resuelto a favor del país, en un fallo que marca un precedente en materia de defensa territorial.
En una nota anterior abordamos el problema de la deuda “eterna”. Esta vez corresponde correr otro velo: el de un vaciamiento sistemático, disfrazado de legalidad internacional, que terminó costándole a la Argentina decenas de miles de millones de dólares. No se trata de un error técnico ni de una fatalidad histórica, sino de una construcción jurídica precisa, sostenida sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y el CIADI.
Un tribunal federal de Estados Unidos declaró al Estado peruano en situación de default debido al incumplimiento del pago de 91 millones de dólares, por la cancelación unilateral del contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco. El caso se basa en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Perú y Argentina de 1994.
La constructora española FCC mantiene una demanda contra Panamá ante el CIADI, basada en el Tratado Bilateral de Inversión con España. El reclamo, por unos $59 millones, se vincula a proyectos de infraestructura ya concluidos
Este informe presenta una sistematización y análisis de las estadísticas de las demandas arbitrales iniciadas por inversores extranjeros contra los Estados de América Latina y el Caribe (ALC) en el marco de tratados internacionales de protección de inversiones. Los datos relevados abarcan hasta el 15 de octubre de 2025. Además se ofrece un análisis de los impactos de estas demandas.
América Latina ha pagado a empresas privadas 36 mil 607 millones de dólares como resultado de demandas interpuestas contra los Estados en centros de arbitraje internacionales, de acuerdo con un reporte del Transnational Institute. El año 2023 marcó un récord histórico, con 28 demandas, 11 de ellas contra México. Esto ocurrió porque aún era posible recurrir al capítulo de protección de inversiones del TLCAN, cuyo plazo de vigencia finalizó en julio de 2023, tres años después de su sustitución por el T-MEC.
La protección de la Amazonía es un tema central de la 30.ª Conferencia de las Partes (COP30) en Belém, Brasil. Sin embargo, los esfuerzos para garantizar su defensa corren el riesgo de perder financiación debido al mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS).
EDP Renewables llevó al Estado colombiano ante tribunales internacionales de arbitramento, alegando el incumplimiento del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de 2005.
Es uno de los conflictos legales más largos (casi 30 años de litigio) que ha vivido el Ecuador y el segundo más relevante en la historia del país por la suma de indemnización que se exigía: Es el caso Chevron. El 8 de diciembre de 2025, un Tribunal Arbitral internacional ordenó que Ecuador pague USD 220 millones a esta petrolera estadounidense.
Mas allá de estas cifras inverosímiles, este caso demuestra como los arbitrajes internacionales devienen en instrumentos para desmantelar el sistema de Derechos Humanos que protegen a los pueblos. Resulta difícil entender que el estado ecuatoriano, mejor dicho, el gobierno de turno,
celebre su derrota.
