Mapa de casos ISDS
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De los 65 Estados que han recibido asesoramiento del sector del Banco Mundial llamado FIAS sobre legislación en materia de inversiones, 30 posteriormente han incluido el arbitraje en su legislación.
Frente a un creciente número de demandas entabladas por inversores contra Estados receptores en virtud de TBI y exorbitantes sumas otorgadas a los inversores por tribunales arbitrales, Marruecos ha emprendido la revisión de su modelo de TBI.
Más de 220 personas y colectivos han apoyado una carta impulsada desde la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión dirigida a la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidiendo la salida de España de este tratado.
¿Cuántas leyes contra el cambio el cambio climático y la pobreza energética nunca saldrán adelante por culpa del Tratado de la Carta de la Energía? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que abandonar este tratado es la única salida. ¿Por qué? Spanish Revolution te lo explica en este video.
El pasado 15 de junio la Plataforma América Latina Mejor realizó un conversatorio sobre el impacto ambiental que provocan los Tratados de Libre Comercio en torno a la megaminería.
Cómo los abogados se preparan para demandar a los Estados por las medidas tomadas en respuesta al COVID 19.
“Si tras un estallido social ocurren saqueos de comercios, los inversores podrían alegar que el Estado ha incumplido su obligación de brindarles plena protección y seguridad”.
Quieren transformarse en víctimas y denunciar al Estado de Chile para no asumir los costos y que se les compense por supuestas pérdidas económicas, esto es posible por los TLCs y acuerdos de protección de inversiones que Chile ha suscrito
Suez amenaza con llevar el conflicto que mantiene con el gobierno chileno, a raíz de la apertura de un procedimiento para finalizar el contrato de concesión de su subsidiaria ESSAL en Osorno en agosto de 2019, a arbitraje de inversiones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Les escribimos hoy para instarles a que tomen la iniciativa de asegurar que los países de todo el mundo no se enfrenten a una ola de demandas por parte de inversores extranjeros a partir del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (conocido por su sigla en inglés, ISDS) derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia y la crisis económica asociada al COVID-19.
