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Se terminaron seis años de laudo arbitral entre Colombia y Aris Mining, antes Gran Colombia Gold, ante el CIADI del Banco Mundial, motivado en las inversiones que hizo la empresa para las minas de Segovia (Antioquia) y Marmato (Caldas) en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá.
En su última conversación con el secretario de Estado Marco Rubio, el canciller Juan Ramón De la Fuente entendió que la resolución del CIADI sería inminente y marcaría un precedente incomodo para el Gobierno de cara a la renegociación del T-MEC.
El ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional traslados de partidas por $4.7 millones, destinados al pago de honorarios a las firmas internacionales que representaron al Estado panameño en el arbitraje iniciado por Minera Panamá, cuya demanda asciende a $2,000 millones.
Perú mantiene un total de veintidós litigios arbitrales vigentes ante el CIADI, con un monto en disputa que podría llegar a los USD 10.000 millones, equivalente al 3,9% del Producto Bruto Interno nacional. Una deuda que tendría que ser asumida por todos los peruanos.
Ferrer ha recurrido al arbitraje del Ciadi como parte de los mecanismos habituales de resolución de disputas internacionales, en línea con lo previsto en los tratados de inversión. Se trata de un proceso estándar en este tipo de situaciones, indican desde la compañía.
Para sustentar su apelación al Ciadi, los herederos del sultán aseguraban haber realizado una “inversión protegida” en España. Contra eso, la corte de arbitraje internacional concluye que no se podía hablar de ningún modo de inversión protegida, según los términos del Tratado Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Filipinas de 1993.
La última demanda contra Honduras data del 15 de mayo del presente año, utiliza el Mecanismo Complementario del CIADI, que permite procesar reclamos de empresas que operan bajo la protección del DR-CAFTA.
La Procuraduría General de la República (PGR) anunció el retiro de dos demandas internacionales interpuestas contra el Estado hondureño por las empresas Scatec ASA y Norfund and KLP Norfund Investments AS, ante el CIADI.
Líderes de las principales compañías de Estados Unidos pidieron al gobierno del presidente Donald Trump que se renueve en 2026 el T-MEC y que se proteja a las empresas frente a lo que consideran una politización del Poder Judicial en México, tras la reforma judicial que derivó en la elección de una buena parte los jueces y magistrados por voto popular.
Panamá ganó el arbitraje internacional contra Sacyr que reclamaba $2,362.73 millones, pero tiene pendiente otra demanda de arbitraje internacional de inversión similar por $2,200 millones de WeBuild (antes Salini Impregilo S.p.A.) bajo el tratado Italia–Panamá firmado en 2009 y en vigor desde 2010.
