Mapa de casos ISDS
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La Corporación Nacional del Cobre chilena (Codelco) ha notificado a Ecuador su intención de acudir a arbitraje si no se cumplen los acuerdos por parte de la Empresa Nacional Minera de Ecuador, Enami EP, relacionados con el proyecto minero Llurimagua
15 países encuestados altamente activos con pérdidas netas de ISDS representan acumulativamente USD 14.8 mil millones en resultados netos hasta 2017.
En los últimos años, el Gobierno de Tanzania ha introducido cambios importantes a la legislación que rige la inversión extranjera en recursos naturales, y mecanismos relacionados con la solución de controversias, con el objetivo de librar a este sector de los vestigios de las relaciones “coloniales”.
El pasado 7 de octubre de 2020, un tribunal de arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje resolvió que Guatemala no incumplió el tratado invocado en el procedimiento que mantiene, desde 2018, con la israelí IC Power por una cuestión tributaria.
El proyecto de ley para avanzar en la compra de la vacuna Covid19 en Argentina contemplará la petición de los laboratorios farmacéuticos de incluir la protección jurídica a través de arbitraje, condición que tienen que respetar todos los países.
Masdar ha renunciado a los 80 millones de euros del laudo que le favoreció en el arbitraje de inversiones mantenido con España ante CIADI por las reformas energéticas de las renovables.
Un empresario español importador de productos gourmet en el mercado mexicano ha notificado al Gobierno de México de su intención de acudir a arbitraje de inversiones apoyándose en el APPRI España-México por violación de los artículos relacionados con “Niviel mínimo de trato” y “Nacionalizacion y expropiación”.
Aecon presenta diez años después su demanda contra Ecuador ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), en esta ocasión en solitario y reclamando exenciones de impuestos.
Ocho años después del cierre de la aerolínea Pluna, trasciende que una empresa panameña demandó al Estado uruguayo por presunta responsabilidad en la suspensión de la compañía.
La rescisión de contratos que prevé hacer el gobierno argentino respecto a los contratos de Asociación Público Privada (APP) adjudicados en 2018 para diferentes proyectos viales, con una inversión de 8.000 millones de US$, puede desencadenar un nuevo aluvión de demandas de arbitraje de inversión contra Argentina ante el CIADI.
