África se encuentra en el centro de las principales contradicciones que configuran el comercio internacional. Durante mucho tiempo, la integración en el mercado mundial fue promovida como una etapa primordial e inevitable de su desarrollo; sin embargo, en la práctica ha colocado a los Estados africanos en una posición de receptores más que de arquitectos de los acuerdos comerciales. De ello resulta una compleja maraña de tratados en la que coexisten los vestigios de las relaciones coloniales, nuevos marcos regionales como la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), y una serie de acuerdos agresivos firmados con potencias imperialistas, antiguas y emergentes. Estas dinámicas reavivan críticas históricas relacionadas a la extracción de recursos, el desmantelamiento de las industrias locales y la erosión de la soberanía alimentaria. Esto ha vulnerado los derechos más fundamentales y ha provocado una creciente resistencia social tanto a escala local como transnacional.
En la década de 1990, la Unión Europea (UE) firmó acuerdos de asociación con todos los países del norte de África, excepto Libia. En 2010, se firmó un acuerdo específico sobre agricultura y pesca entre la UE y Marruecos. Su aplicación sigue siendo controvertida debido a la inclusión del territorio disputado del Sáhara Occidental. Movimientos locales y organizaciones de la sociedad civil han criticado el acuerdo por su complicidad en la explotación de la región y por negar los derechos del pueblo saharaui, en beneficio de multinacionales y del rey de Marruecos. En 2016, la UE inició el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio Completo y Profundo (ALECA) con Túnez, que debía aumentar la liberalización mediante la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias en la mayoría de los sectores. Sin embargo, el ALECA fue aplazado debido a la oposición social y política en Túnez.
En 2000, la UE y el grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, también conocido como grupo ACP, acordaron negociar un conjunto diferenciado de Acuerdos de Asociación Económica (AAE). En África, los AAE se adaptaron a cinco bloques regionales (CEDEAO para África Occidental, CAO para África Oriental, AfOA para África Oriental y Austral, CEMAC para África Central y SADC para África Austral). Los AAE constituyen el marco más emblemático de las luchas históricas contra el libre comercio en el continente. Fueron combatidos masivamente por coaliciones de organizaciones campesinas, sindicales y anti-globalización, que denunciaron su carácter neocolonial, así como los efectos perjudiciales del desmantelamiento de las protecciones arancelarias y la apertura de los mercados africanos que se impondrían, amenazando la supervivencia de la agricultura familiar y de las industrias nacientes. Mientras que la SADC y la AfOA han aplicado los AAE, la CAO, la CEDEAO y la CEMAC se negaron a ratificarlos, lo que obligó a la UE a presionar a algunos países para que los aplicaran provisionalmente. Así, Ghana, Costa de Marfil, Camerún y Kenia implementaron AAE provisionales, fragmentando los bloques regionales y rompiendo la coherencia de las políticas comerciales africanas. Su aplicación sigue siendo parcial y controvertida.
Las relaciones comerciales entre África y Estados Unidos también revelan tensiones similares. La Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), instaurada el año 2000 como un mecanismo preferencial destinado a estimular el desarrollo, ha sido denunciada por favorecer la exportación de materias primas y sectores extractivos (petróleo, minería, textiles) en lugar del desarrollo de industrias locales transformadoras. En la práctica, la AGOA ha reforzado una especialización económica dependiente de la exportación hacia el mercado estadounidense. Las organizaciones sindicales africanas han denunciado con frecuencia las cláusulas de ajuste estructural encubiertas que acompañan este régimen, que obligan a los Estados beneficiarios a abrir sus mercados sin una reciprocidad real. La AGOA debía expirar en septiembre de 2025, en pleno contexto de la guerra arancelaria desencadenada por la administración Trump. Estados Unidos utilizó la amenaza de “no renovación” como medio de presión diplomática, aunque finalmente accedió a extenderla hasta diciembre de 2026.
Nuevas potencias también imponen sus marcos comerciales al continente. China, primer socio comercial de África, ha desarrollado una densa red de acuerdos bilaterales a menudo criticados por su opacidad, su carácter extractivista y el endeudamiento que generan. Aunque solo Mauricio ha aplicado un acuerdo de libre comercio completo con China en 2021, numerosos países africanos firmaron tratados de inversión en las décadas de 1990 y 2000. Más recientemente, China ha estado negociando acuerdos comerciales más limitados. Ha firmado acuerdos con Sudáfrica, Kenia y la República del Congo, y ha eliminado los aranceles para 53 países africanos.
Por su parte, Rusia, a través de la Unión Económica Euroasiática (UEEA), ha buscado ampliar su influencia en el continente. Desde 2023, la UEEA negocia acuerdos de libre comercio con países del norte de África, en particular Egipto, Argelia, Marruecos y Túnez. Del mismo modo, Turquía ha firmado acuerdos de libre comercio con Marruecos, Túnez, Egipto y Mauricio, y está negociando con varios otros países africanos. Los países del Golfo, y en particular los Emiratos Árabes Unidos (EAU), han acelerado sus relaciones comerciales mediante acuerdos de asociación económica integral (conocidos por sus siglas en inglés, CEPA). Los EAU han multiplicado así los acuerdos con Egipto (2023), Kenia y Mauricio (2024), Nigeria, Angola, Chad, la República Democrática del Congo, Gabón y Ghana (2025 y 2026). También están negociando con varios otros países africanos, entre ellos Etiopía y Sudáfrica. Estos acuerdos, presentados como instrumentos de cooperación e inversión, también han sido criticados por reforzar la influencia extranjera sobre sectores clave como la minería, la agricultura, las infraestructuras, los servicios financieros y el sector de la salud.
Por último, la Unión Africana (UA) impulsa la aplicación plena de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) en todo el continente africano. Entró en vigor en 2021, ha sido firmada por 54 de los 55 Estados miembros de la Unión Africana y ratificada por más de 40 de ellos. Sin embargo, su aplicación sigue limitada a intercambios parciales entre solo diez países. Presentada por sus promotores como una herramienta de integración panafricana y de desarrollo endógeno, es observada con desconfianza por los movimientos sociales. Estos temen que sirva como caballo de Troya para acelerar la apertura forzada de los mercados nacionales sin abordar las asimetrías estructurales, en beneficio de las élites africanas y del capital transnacional, y en detrimento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de los estándares ambientales, reproduciendo así el esquema de los acuerdos de libre comercio neoliberales denunciados en el pasado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó este miércoles a que Líbano forme parte del alto al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán y pidió a la Unión Europea que suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel ante la ofensiva que el país hebreo mantiene sobre territorio libanés.
Ciudadanos de la UE lanzaron una campaña de firmas para pedir a la Comisión que presente la propuesta al Consejo para la plena suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel. Exigen que la UE abandone lazos comerciales que “contribuyen a legitimar y financiar un Estado que comete crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”.
A través del mecanismo de la Iniciativa Ciudadana Europea, organizaciones y ciudadanos de la Unión están promoviendo una campaña con el objetivo de recoger 1.000.000 de firmas para exigir la suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel en vista de las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel.
Se trata de una ICE, es decir Iniciativa Ciudadana Europea, en el marco de la EU, con valor jurídico en virtud del tratado de Lisboa. Porque es inadmisible que Europa siga siendo cómplice de lo que sucede en Gaza. Difunde junto con esta explicación, es importante que se difunda y firme.
El acuerdo entre la UE y Marruecos favorece a grupos de presión y actores poderosos, margina a los agricultores europeos y al pueblo saharaui y no cumple el derecho internacional.
La Comisión Europea admitió a trámite una iniciativa ciudadana europea (ICE) que exige «la suspensión total» del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) e Israel «en vista de las violaciones de los derechos humanos» por parte de ese país.
Organizaciones europeas que representan a productores de frutas y hortalizas han alertado sobre la propuesta de la Comisión Europea para revisar el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, junto con un nuevo acto delegado sobre el etiquetado de origen.
La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) comparte el rechazo en el Congreso de los Diputados a la modificación del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos para incluir los cultivos procedentes del Sáhara Occidental con trato arancelario preferente.
Está carta pretende que el Consejo de ministros de exteriores de los países miembros de la UE, que se reúnen hoy, 20 de octubre, en Luxemburgo para debatir una medida de enorme trascendencia: aprueben, por lo menos, la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel.
ECVC denuncia las medidas adoptadas por la Comisión Europea y el Reino de Marruecos con respecto al acuerdo comercial entre la UE y Marruecos, ya que intentan a toda costa proteger los intereses de un puñado de empresas transnacionales e inversores extranjeros a expensas del pueblo saharaui y de lxs campesinxs marroquíes y europexs.