África se encuentra en el centro de las principales contradicciones que configuran el comercio internacional. Durante mucho tiempo, la integración en el mercado mundial fue promovida como una etapa primordial e inevitable de su desarrollo; sin embargo, en la práctica ha colocado a los Estados africanos en una posición de receptores más que de arquitectos de los acuerdos comerciales. De ello resulta una compleja maraña de tratados en la que coexisten los vestigios de las relaciones coloniales, nuevos marcos regionales como la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), y una serie de acuerdos agresivos firmados con potencias imperialistas, antiguas y emergentes. Estas dinámicas reavivan críticas históricas relacionadas a la extracción de recursos, el desmantelamiento de las industrias locales y la erosión de la soberanía alimentaria. Esto ha vulnerado los derechos más fundamentales y ha provocado una creciente resistencia social tanto a escala local como transnacional.
En la década de 1990, la Unión Europea (UE) firmó acuerdos de asociación con todos los países del norte de África, excepto Libia. En 2010, se firmó un acuerdo específico sobre agricultura y pesca entre la UE y Marruecos. Su aplicación sigue siendo controvertida debido a la inclusión del territorio disputado del Sáhara Occidental. Movimientos locales y organizaciones de la sociedad civil han criticado el acuerdo por su complicidad en la explotación de la región y por negar los derechos del pueblo saharaui, en beneficio de multinacionales y del rey de Marruecos. En 2016, la UE inició el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio Completo y Profundo (ALECA) con Túnez, que debía aumentar la liberalización mediante la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias en la mayoría de los sectores. Sin embargo, el ALECA fue aplazado debido a la oposición social y política en Túnez.
En 2000, la UE y el grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, también conocido como grupo ACP, acordaron negociar un conjunto diferenciado de Acuerdos de Asociación Económica (AAE). En África, los AAE se adaptaron a cinco bloques regionales (CEDEAO para África Occidental, CAO para África Oriental, AfOA para África Oriental y Austral, CEMAC para África Central y SADC para África Austral). Los AAE constituyen el marco más emblemático de las luchas históricas contra el libre comercio en el continente. Fueron combatidos masivamente por coaliciones de organizaciones campesinas, sindicales y anti-globalización, que denunciaron su carácter neocolonial, así como los efectos perjudiciales del desmantelamiento de las protecciones arancelarias y la apertura de los mercados africanos que se impondrían, amenazando la supervivencia de la agricultura familiar y de las industrias nacientes. Mientras que la SADC y la AfOA han aplicado los AAE, la CAO, la CEDEAO y la CEMAC se negaron a ratificarlos, lo que obligó a la UE a presionar a algunos países para que los aplicaran provisionalmente. Así, Ghana, Costa de Marfil, Camerún y Kenia implementaron AAE provisionales, fragmentando los bloques regionales y rompiendo la coherencia de las políticas comerciales africanas. Su aplicación sigue siendo parcial y controvertida.
Las relaciones comerciales entre África y Estados Unidos también revelan tensiones similares. La Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), instaurada el año 2000 como un mecanismo preferencial destinado a estimular el desarrollo, ha sido denunciada por favorecer la exportación de materias primas y sectores extractivos (petróleo, minería, textiles) en lugar del desarrollo de industrias locales transformadoras. En la práctica, la AGOA ha reforzado una especialización económica dependiente de la exportación hacia el mercado estadounidense. Las organizaciones sindicales africanas han denunciado con frecuencia las cláusulas de ajuste estructural encubiertas que acompañan este régimen, que obligan a los Estados beneficiarios a abrir sus mercados sin una reciprocidad real. La AGOA debía expirar en septiembre de 2025, en pleno contexto de la guerra arancelaria desencadenada por la administración Trump. Estados Unidos utilizó la amenaza de “no renovación” como medio de presión diplomática, aunque finalmente accedió a extenderla hasta diciembre de 2026.
Nuevas potencias también imponen sus marcos comerciales al continente. China, primer socio comercial de África, ha desarrollado una densa red de acuerdos bilaterales a menudo criticados por su opacidad, su carácter extractivista y el endeudamiento que generan. Aunque solo Mauricio ha aplicado un acuerdo de libre comercio completo con China en 2021, numerosos países africanos firmaron tratados de inversión en las décadas de 1990 y 2000. Más recientemente, China ha estado negociando acuerdos comerciales más limitados. Ha firmado acuerdos con Sudáfrica, Kenia y la República del Congo, y ha eliminado los aranceles para 53 países africanos.
Por su parte, Rusia, a través de la Unión Económica Euroasiática (UEEA), ha buscado ampliar su influencia en el continente. Desde 2023, la UEEA negocia acuerdos de libre comercio con países del norte de África, en particular Egipto, Argelia, Marruecos y Túnez. Del mismo modo, Turquía ha firmado acuerdos de libre comercio con Marruecos, Túnez, Egipto y Mauricio, y está negociando con varios otros países africanos. Los países del Golfo, y en particular los Emiratos Árabes Unidos (EAU), han acelerado sus relaciones comerciales mediante acuerdos de asociación económica integral (conocidos por sus siglas en inglés, CEPA). Los EAU han multiplicado así los acuerdos con Egipto (2023), Kenia y Mauricio (2024), Nigeria, Angola, Chad, la República Democrática del Congo, Gabón y Ghana (2025 y 2026). También están negociando con varios otros países africanos, entre ellos Etiopía y Sudáfrica. Estos acuerdos, presentados como instrumentos de cooperación e inversión, también han sido criticados por reforzar la influencia extranjera sobre sectores clave como la minería, la agricultura, las infraestructuras, los servicios financieros y el sector de la salud.
Por último, la Unión Africana (UA) impulsa la aplicación plena de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) en todo el continente africano. Entró en vigor en 2021, ha sido firmada por 54 de los 55 Estados miembros de la Unión Africana y ratificada por más de 40 de ellos. Sin embargo, su aplicación sigue limitada a intercambios parciales entre solo diez países. Presentada por sus promotores como una herramienta de integración panafricana y de desarrollo endógeno, es observada con desconfianza por los movimientos sociales. Estos temen que sirva como caballo de Troya para acelerar la apertura forzada de los mercados nacionales sin abordar las asimetrías estructurales, en beneficio de las élites africanas y del capital transnacional, y en detrimento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de los estándares ambientales, reproduciendo así el esquema de los acuerdos de libre comercio neoliberales denunciados en el pasado.
El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró este martes "legítimo" cuestionar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y dijo que "si mantiene la política actual, que contraviene su propia historia, no se puede seguir como si nada".
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido este martes una "señal clara y fuerte" a la Unión Europea frente a Israel y ha defendido la suspensión total del acuerdo de asociación. Ha rechazado retirar esa propuesta pese a la falta de apoyos suficientes entre los Estados miembros.
El presidente del Gobierno de España ha anunciado que llevará ante la Unión Europea (UE) la propuesta de romper la asociación de los Veintisiete con Israel. Pedro Sánchez ha adelantado que Madrid propondrá el martes durante la reunión de los ministros europeos de Asuntos Exteriores en Bruselas, que la “UE rompa su asociación con Israel”.
La carta, enviada por más de 60 organizaciones humanitarias, de derechos humanos y sindicales, está dirigida a la presidenta del Consejo de la UE, Úrsula von der Leyen, a la alta representante Kaja Kallas y a los ministros y ministras de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la UE.
España, Irlanda y Eslovenia han pedido a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, un debate sobre el Acuerdo de Asociación con Israel en el que se mantengan "todas las acciones sobre la mesa", lo que incluiría su suspensión, a la luz de las medidas y las actuaciones que ha venido llevando a cabo el Gobierno de Netanyahu.
Un grupo de más de 60 oenegés y sindicatos enviaron este jueves una carta a la Comisión Europea y a los países de la UE en la que reclaman la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel y que se adopten «otras medidas necesarias para cumplir con el derecho internacional».
La iniciativa ciudadana Justicia por Palestina ya ha recogido más de un millón de firmas para pedir a los Estados miembros que rompan el acuerdo entre la Unión Europea y el Estado de Israel. Aunque el objetivo de la campaña es llegar a 1,5 millones, las firmas ya son suficientes para que la propuesta se considere válida y la Comisión Europea tenga que estudiarla.
Un grupo de 350 exministros, embajadores y altos funcionarios europeos ha instado a la Unión Europea (UE) a suspender el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, acusando a Tel Aviv de incumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.
Una Iniciativa Ciudadana Europea, registrada oficialmente en el portal de la Comisión Europea, busca reunir un millón de firmas para forzar a Bruselas a pronunciarse sobre una cuestión altamente sensible: la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel.