Diario Red | 17 de Abril, 2026
Contradicciones del libre comercio y el fracking en la 4T
Ante la inminente renegociación del T-MEC y la posibilidad de darle luz verde al fracking, salen a relucir las contradicciones de un gobierno de izquierda en un contexto de crisis mundial.
Por Rogelio López
. —Bueno, lo que es en mi país —aclaró Alicia, jadeando aún bastante— cuando se corre tan rápido como lo estamos haciendo y durante algún tiempo, se suele llegar a alguna otra parte.
—¡Un país bastante lento! —replicó la Reina—. Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte hay que correr por lo menos dos veces más rápido.
Andrés Manuel López Obrador en algún momento de su gestión dijo —palabras más, palabras menos— que tenía que hacer en seis años lo que comúnmente se haría en un sexenio y medio, tratando de transmitir la idea de que había mucho por hacer y muy poco tiempo. Hoy vemos cómo, al igual que en Alicia a través del espejo, aunque se ha intentado avanzar con rapidez, en ciertos aspectos parece que seguimos en el mismo lugar.
Hago esta reflexión debido a los cambios de postura que hoy en día se perciben por parte de quienes están al frente del gobierno de México, sobre asuntos como el libre comercio, la minería abierta, la importación de maíz transgénico y el fracking. Dichos temas no solo fueron criticados abiertamente en el pasado por la izquierda mexicana, sino que algunos fueron planteados de forma específica como promesas de campaña por Claudia Sheinbaum.
Los cambios de opinión se explican básicamente por dos razones: 1) la herencia de cuarenta años de neoliberalismo, que condiciona el proyecto de la 4T, 2) el hecho de que en nuestro país impere un modo de acumulación capitalista dependiente de la potencia hegemónica, Estados Unidos, la cual, aunque esté en declive, tiene todavía la capacidad de someter a los países que forman parte de su área de influencia o, como esta les suele llamar, de su “patio trasero”.
Y que no se malinterprete, con todas sus contradicciones, los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum son, dentro de lo posible, lo mejor que le pudo haber pasado al país, si consideramos que bajo el PRIAN se dirigía directo al precipicio. En este contexto, la desigualdad, la impunidad, la violencia, la corrupción y la rapacidad de la élite gobernante y de la oligarquía eran rasgos característicos del régimen. Y aunque muchos de los problemas antes mencionados persisten, no podemos secundar las afirmaciones de algunos opositores al gobierno que manifiestan que: “todos son lo mismo”.
Los cambios de opinión se explican por dos razones: 1) la herencia de cuarenta años de neoliberalismo, que condiciona el proyecto de la 4T, 2) el modo de acumulación capitalista que impera en nuestro país dependiente de la potencia hegemónica, EEUU
De la oposición al Tratado de Libre Comercio a su aceptación y promoción {}
Durante años los líderes del principal partido de izquierda en el país —antes en la oposición y hoy en el gobierno—, primero el PRD y tras su fractura MORENA, se manifestaron abiertamente en contra de la firma del TLCAN. Una vez que este entró en vigor dirigentes y candidatos criticaron el papel asignado a México como centro de maquila y de ensamblaje, y exportador de materias primas como petróleo, minerales y productos del campo. Ambas actividades fueron definidas como “procesos productivos en los que se añade muy poco valor a los bienes producidos” por Cuauhtémoc Cárdenas, en una entrevista de 2004.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, en su momento dirigente del Partido de la Revolución Democrática y posteriormente fundador del Movimiento de Regeneración Nacional —con el cual alcanzaría la presidencia en 2018, tras dos intentos con el PRD— durante mucho tiempo expresó su descontento con el acuerdo comercial. Sin embargo, su posición se fue suavizando paulatinamente, hasta diluirse una vez que llegó a la presidencia. En el marco de la renegociación del tratado en 2019 incluso afirmó que “no sería racional decirle NO al tratado”.
El caso de Claudia Sheinbaum va aún más lejos, si bien en su momento consideró al TLCAN un acuerdo desventajoso para los trabajadores. Los términos de la renegociación de 2020 —bajo un gobierno que ya no se rige por los principios del neoliberalismo y que ha pugnado por elevar los salarios y por el respeto a la soberanía— la llevaron a modificar su posición. En ese sentido, en 2025 se refirió al T-MEC —nombre asignado después de la renegociación— no como una continuación del TLCAN, sino como un nuevo acuerdo, y afirmó que los tratados firmados en 1994 y 2020 son distintos. Su postura se sustentó en el aumento de los salarios y el crecimiento de las exportaciones durante la administración de López Obrador.
La realidad ha obligado a los gobiernos de MORENA a convertirse, junto a los empresarios estadounidenses, en los principales defensores del acuerdo
La “integración” económica, término elegante para referirse a la dependencia y subordinación territorial entre México y Estados Unidos agudizada desde 1994 con la entrada en vigor del tratado comercial, es un hecho incuestionable. La realidad ha obligado a los gobiernos de MORENA a convertirse, junto a los empresarios estadounidenses, en los principales defensores del acuerdo.
En contraste, el presidente Trump considera “irrelevante” al tratado y ha amenazado en diversas ocasiones con cancelarlo y sustituirlo por acuerdos bilaterales si su renegociación, a realizarse en julio próximo, no satisface sus expectativas. Si bien esta postura puede entenderse como parte de la estrategia de negociación de Trump, la asimetría entre ambos países coloca a México en una clara desventaja.
El país depende de su vecino del norte para satisfacer una proporción significativa de su demanda de gas, maíz y fertilizantes, entre otros insumos. Esta dependencia en las rondas de renegociación del tratado puede utilizarse como mecanismo de presión para imponer condiciones todavía más desfavorables de las que ya rigen el acuerdo. Más aún, sin este el mismo proyecto de la 4T—incluyendo el impulso al nearshoring mediante el Plan México— podría verse comprometido.
No obstante, también es cierto que el convenio ha beneficiado considerablemente a Estados Unidos, por lo que un cambio radical también traería consecuencias importantes para ellos. Esto debería ser la base para negociar condiciones más favorables para México, no solo con el objetivo de preservar el acuerdo, sino de transformarlo en una relación más equitativa, que frene la destrucción de los territorios donde se establecen actividades productivas que atienden a este tratado comercial —infiernos ambientales y zonas de sacrificio como los ha expuesto Andrés Barreda—. Por desgracia, lo que predomina en nuestros representantes es una actitud de complacencia para mantener el acuerdo sin cambios estructurales.
Es importante alzar la voz y dejar en claro las consecuencias que implica aceptar el fracking. El análisis, no obstante, debe trascender la denuncia, partiendo de la dependencia estructural de la economía mexicana frente a Estados Unidos
Del ¡No al fracking! al ¡Sí a la fractura hidráulica sustentable!
Durante la campaña que lo llevó a la presidencia López Obrador se comprometió a prohibir el fracking, una técnica de extracción de gas y petróleo que genera graves problemas ambientales, en la salud y en el tejido social. Ya como presidente reiteró su rechazo a esta práctica y a la minería abierta: “Dijimos no al fracking, no a la explotación minera a diestra y siniestra”, declaró en mayo de 2020.
Claudia Sheinbaum años atrás también se posicionó en contra, principalmente por el acaparamiento, uso y contaminación del agua que involucra. Sin embargo, ante la dependencia del país de las importaciones de gas —cerca del 75%— y ante la posibilidad de que esta siga creciendo, la presidenta le ha dado un giro de 180° a su postura.
En febrero pasado anunció que el Instituto Mexicano del Petróleo trabajaba en el desarrollo de técnicas alternativas al fracking tradicional, y en los primeros días de abril volvió a abordar el tema, planteando la explotación de yacimientos de gas de “geología compleja” a través de una fractura hidráulica sustentable.
En consecuencia, además de informar que su administración está revisando las últimas investigaciones mundiales sobre este procedimiento, anunció la creación de un comité de especialistas de la UNAM, UAM, el IPN y otras instituciones públicas para establecer una posición técnica respecto a este método de extracción a partir de “criterios científicos y no políticos”. Dicha comisión fue presentada el 15 de abril.
Este giro ha sido ampliamente criticado por las organizaciones y los colectivos que llevan años oponiéndose a esta práctica nociva, evidenciando no solo el incumplimiento de la promesa de campaña y la intención de imponer un inexistente “fracking sustentable” a través del greenwashing, sino la paradoja que conlleva el hecho de intentar reducir la dependencia energética mediante la dependencia tecnológica, ya que, como la misma Sheinbaum lo ha reconocido, Pemex no tiene la tecnología. Sin embargo, para la mandataria, esta dependencia parece no ser un problema, pues dependemos tecnológicamente prácticamente en todos los rubros.
Por último, es importante alzar la voz y dejar en claro las consecuencias que implica aceptar el fracking. El análisis, no obstante, debe trascender la denuncia, partiendo de la dependencia estructural de la economía mexicana frente a Estados Unidos, entendida no solo como una debilidad, sino como una realidad.
Como ya se mencionó, dicho país es el principal beneficiado en esta relación, ya que gran parte del gas importado alimenta procesos productivos vinculados a sus intereses. En este sentido, si decidiera “cerrar la llave” del gas, no solo afectaría a México, sino a uno de los apéndices de su aparato productivo. En un contexto de declinación hegemónica, sería darse otro “balazo en el pie”. Por ello, al mismo tiempo que se deberían negociar mejores condiciones para nuestro país, la postura de México sería enfatizar que estamos en el mismo barco.
