Diario Red | 19 de Marzo, 2026
Entre inversión y soberanía: México enfrenta el dilema del arbitraje en el TMEC
Por Ricardo Pérez Trejo
México llega a la revisión del T-MEC con una pesada carga a sus espaldas: las demandas multimillonarias de empresas trasnacionales en los centros de arbitraje internacionales. A largo plazo pueden convertirse en un dolor de cabeza para la presidenta Sheinbaum
México llega esta primavera a las rondas formales de revisión del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) con un tema crucial sobre la mesa: los mecanismos de solución de controversias que permiten a empresas transnacionales demandar a los Estados en centros de arbitraje internacionales, usualmente por políticas públicas que consideran lesivas a sus intereses.
Según la presidenta Claudia Sheinbaum y el jefe de la delegación mexicana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el tema estará en la mesa para ver la manera de fortalecer estos mecanismos y no para salirse de ellos, como demandan desde hace años activistas y organizaciones de defensa del territorio, de los derechos humanos, ambientalistas y comunidades indígenas en el país latinoamericano.
México es el tercer país más demandado de América Latina en centros de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial ,solo después de Venezuela y Argentina. Desde 1997 hasta diciembre de 2025 han sido interpuestas 61 demandas de empresas transnacionales contra el país, de las cuales prácticamente la mitad, 26, fueron presentadas entre 2019 y 2024, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, según un monitoreo de los casos que hacen el Transnational Institute (TNI), un centro de estudios multidisciplinarios con sede en Alemania, y el Institute for Policy Studies (IPS), otro centro académico con sede en Washington, DC.
Interés trasnacional contra defensa del territorio
Por ejemplo, la empresa estadounidense Legacy Vulcan LTD interpuso una demanda contra México en el CIADI en enero de 2019. La compañía tomó esta decisión luego de que el gobierno municipal cambió el plan de reordenamiento territorial y le impidió explotar dos predios adicionales a su mina de extracción de piedra caliza en el municipio de Solidaridad, a unos metros del destino turístico de Playa del Carmen, frente al mar Caribe, donde la empresa había extraído durante décadas material para construir cientos de kilómetros de carreteras en Estados Unidos. Para ello, Legacy Vulcan incluso construyó un puerto de gran calado que facilitaba la extracción intensiva de los recursos naturales.
Luego de que no llegó a acuerdos con la empresa, el gobierno de AMLO ordenó el cierre de la mina por violaciones a la legislación ambiental y declaró la zona como Área Natural Protegida (ANP). El proceso de arbitraje, en el que la firma norteamericana exige una indemnización millonaria, aún está en curso.
Otro caso conocido es el de la empresa de República Checa Draslovka, que interpuso una demanda por 240 millones de dólares por la detención de un proyecto para instalar dos plantas de cianuro de sodio en Durango, en oposición a la población afectada de la zona. También sigue pendiente de que se emita un laudo.
O el de Almaden Minerals, de Canadá, que demandó a México una indemnización de 500 millones de dólares por frenar un proyecto minero en la sierra norte de Puebla por el rechazo de la Unión de Ejidos en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua y cuya resolución tambien está pendiente en el CIADI.
Un caso más es el de Odyssey Marine Exploration, que entabló una notificación de intención de demandar a México por hasta 3 mil 500 millones de dólares por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en subsuelos marinos cerca de las costas de Baja California Sur, un proyecto al que se opusieron organizaciones de pescadores.
Como Legacy Vulcan Materials, otras decenas de transnacionales han acudido a los llamados ISDS (Investor-State Dispute Settlements, en inglés) o mecanismos de solución de controversias para demandar a México y lograr revertir políticas públicas en defensa del medio ambiente o de comunidades afectadas por los proyectos, o con el objetivo simplemente de lograr indemnizaciones multimillonarias por supuestas arbitrariedades del Estado.
Brasil y Australia: una visión diferente
Activistas mexicanos de diferentes organizaciones de la sociedad civil han insistido en los últimos años en que México debería eliminar los anexos 14E y 14D del tratado de libre comercio que tiene con Estados Unidos y Canadá, y cláusulas similares en el acuerdo con la Unión Europea que lo obligan a someterse a estos mecanismos de solución de controversias.
Argumentan que, aunque no todos los casos son ganados por las transnacionales, muchos de ellos no llegan hasta la decisión final de los paneles por acuerdos previos entre las empresas y los Estados, en los que se revierten las políticas que originaron la demanda o se llega a un acuerdo económico por fuera del tribunal, siempre en detrimento del Estado.
Los activistas citan con frecuencia el caso de Brasil, que no firma este tipo de capítulos o cláusulas en sus tratados de libre comercio, o el de Australia, que recientemente dijo que no firmaría estas cláusulas en sus acuerdos comerciales, y eso no ha afectado la llegada de inversión ni la calificación crediticia.
México, cláusulas de extrema importancia
Cuestionada dos veces sobre el tema en los últimos meses en su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha descartado que el Estado mexicano vaya a poner el tema sobre la mesa en las rondas de revisión del TMEC que comenzaron esta semana en Washington, con equipos encabezados por el secretario Ebrard y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer.
El 1 de octubre del año pasado, la mandataria mexicana dijo —a una pregunta expresa de Diario Red América Latina— que se trataba de una revisión, no de una renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Argumentó que difícilmente el gobierno mexicano podría plantear salirse del capítulo del tratado que obliga al país a someterse a estos centros de arbitraje, porque el tratado tiene estatus de ley y su modificación tendría que ser aprobada por el Senado mexicano y por órganos legislativos de los tres países participantes.
En la conferencia mañanera del 18 de febrero, la presidenta descartó que la salida de estos capítulos del TMEC vaya a ser discutida en las mesas que comenzaron esta semana.
“Difícilmente se puede quitar el arbitraje internacional, es más bien evitar que haya abusos relacionados con estos arbitrajes y la especulación relacionada con ellos. Los tratados se aprueban por el Senado, no es una decisión solamente presidencial”, afirmó la mandataria en esa ocasión, en la que insistió en que lo que hay que buscar es “que no haya especulación relacionada con estos arbitrajes”.
“Ese sistema de solución de controversias para nosotros es extraordinariamente importante, porque no quiere decir que siempre vas a ganar el panel; no. Nosotros ganamos un panel y perdimos uno, pero nos parece sumamente importante porque en el panel hay una esfera igualitaria, simétrica”
Pero incluso el propio Ebrard fue más allá que la presidenta. En la conferencia mañanera del pasado 15 de enero dijo que México no solo no se saldría de los capítulos del TMEC relativos a los mecanismos de solución de controversias, sino que mantenerlos y fortalecerlos será una de las prioridades del país en la ronda de revisiones con Estados Unidos y Canadá.
“Ese sistema de solución de controversias para nosotros es extraordinariamente importante, porque no quiere decir que siempre vas a ganar el panel; no. Nosotros ganamos un panel y perdimos uno, pero nos parece sumamente importante porque en el panel hay una esfera igualitaria, simétrica”, explicó Ebrard en esa conferencia. “La otra vía es que hagas una negociación de cada tema en donde siempre estás en desventaja”, añadió el secretario.
De acuerdo con Ebrard, el planteamiento de México será que el mecanismo sea más ágil en la medida de lo posible y que abarque más campos, todo esto con el objetivo final de “reducir la incertidumbre sobre la aplicación del tratado, lo más que podamos”.
Un fallo favorable
El pasado 25 de noviembre, la Secretaría de Economía informó que consiguió un fallo favorable en una demanda de la empresa Access Business Group, interpuesta ante el CIADI en abril de 2023, en la que exigía una indemnización de 2 mil 700 millones de dólares.
La empresa estadounidense, a través de su filial Nutrilite, alegó que fue víctima de una expropiación ilegal de un predio conocido como "El Petacal”, en el estado de Jalisco, pero el 21 de noviembre el tribunal arbitral determinó, por mayoría y a favor de México, carecer de jurisdicción para conocer la controversia, desestimando el arbitraje en su totalidad.
En esencia, el tribunal concluyó no tener jurisdicción porque las medidas impugnadas ocurrieron más de dos años después de la terminación del TLCAN, por lo que no podían alegarse como violaciones a obligaciones que ya no estaban vigentes, explicó la Secretaría de Economía en un comunicado.
Conforme al último reporte sobre México del TNI e IPS, con corte a diciembre del año pasado, de las 61 demandas que ha enfrentado México desde 1997, 14 han sido resueltas a favor del Estado, 13 a favor del inversor, en tres se ha llegado a un acuerdo entre las partes, seis casos se han descontinuado y 25 siguen pendientes de una resolución.
“Hasta ahora México ya ha sido condenado o acordó pagar casi 451 millones de dólares en 16 casos por concepto de indemnización a los inversionistas”, señalan el TNI y el IPS en el documento.
Sin embargo, de los casos pendientes los inversores piden cerca de 7 mil millones de dólares, aunque las cifras podrían ser superiores, ya que no toda la información es pública. La cifra es de alrededor de 125 mil millones de pesos, lo que alcanzaría para pagar la pensión de los más de 18 millones de adultos mayores del país que la reciben actualmente, además de la de todas las personas con discapacidad que reciben este apoyo y la de todas las madres trabajadoras incluidas en este programa social del gobierno federal.
Los activistas y académicos que hacen investigación en el TNI y en otros centros de estudios señalan que, más allá del sentido de los laudos, los ISDS representan gastos multimillonarios para los Estados, pero lo más grave es que generan un efecto de congelamiento de las políticas públicas.
Muchos Estados no imponen medidas de protección al medio ambiente o deciden no cancelar concesiones mineras, por ejemplo, por miedo a enfrentar demandas multimillonarias, dijo Manuel Pérez Rocha, académico asociado del Institute for Policy Studies (IPS) en Washington, DC, y quien lleva años investigando temas relacionados con el comercio internacional, en un encuentro con activistas sociales y representantes de organizaciones civiles el pasado 14 de febrero en la Ciudad de México.
Buenrostro: sobreabuso de los arbitrajes
Incluso, dentro del mismo gobierno federal, hay visiones distintas sobre los mecanismos de solución de controversias. En la conferencia de prensa de la presidenta del 18 de febrero, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dijo que las demandas internacionales se habían convertido en un negocio.
“Últimamente el arbitraje internacional se convirtió en un negocio de especulación a nivel internacional”, dijo la también exsecretaria de Economía en el gobierno de López Obrador.
“Se ha distorsionado muchísimo esta figura. Se empezaron a generar muchos despachos internacionales especulativos que lo que hacen es generar demandas y especulan sobre las ganancias; entonces, se van financiando. Y esos recursos, cuando ganan la demanda, se quedan con un buen porcentaje”, explicó.
“Son como jugar a las apuestas: entran abogados, despachos grandes, pelean cosas que a lo mejor son absurdas, ¿por qué?, porque cuando ganan reciben un gran dinero. Y van haciendo apuestas. Y hay incluso ya estructuras financieras y estructuras de despachos internacionales muy complejas peleando en todos los países”
“Son como jugar a las apuestas: entran abogados, despachos grandes, pelean cosas que a lo mejor son absurdas, ¿por qué?, porque cuando ganan reciben un gran dinero. Y van haciendo apuestas. Y hay incluso ya estructuras financieras y estructuras de despachos internacionales muy complejas peleando en todos los países”, dijo Buenrostro.
Para la funcionaria, países como México “no se dan abasto”, porque cada vez las empresas internacionales o los despachos convencen a empresas internacionales de que demanden más, para tener más probabilidades de ganar.
“Ha habido un sobreabuso de los arbitrajes internacionales”, concluyó la funcionaria federal.
Tratado con la UE, “reglas claras”
Si bien alrededor de dos tercios de las demandas interpuestas contra México son bajo el paraguas del TLCAN o del TMEC, muchos de los demandantes han sido empresas europeas. Cinco demandas han sido interpuestas por firmas españolas, cinco por francesas, tres del Reino Unido, dos de Países Bajos, una alemana, una de República Checa y una portuguesa.
En la mayor parte de estos casos se han argumentado violaciones a los tratados bilaterales de inversión, pero en el tratado comercial con la Unión Europea, cuya modernización se firmará en abril de este año, según confirmó esta semana la presidenta Sheinbaum, se introduce un capítulo de protección de inversiones que no figuraba en el acuerdo original.
“Esto permitiría a los inversores extranjeros impugnar las políticas mexicanas mediante el arbitraje internacional”, alertaron TNI e IPS en su último reporte sobre México.
“La inclusión de este capítulo ampliaría considerablemente la protección de los inversores. México tiene actualmente 13 tratados bilaterales de inversión con Estados miembros de la UE, ocho de los cuales podrían rescindirse. Sustituirlos por un acuerdo a escala de la UE que abarque los 27 Estados miembro dificultaría mucho más la retirada y consolidaría el régimen de protección de inversiones a largo plazo. Esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que México ya es uno de los países más demandados a nivel mundial en arbitrajes entre inversores y Estados”, se señala en el documento.
“Yo creo que hoy en día, ante tanta inestabilidad, más que buscar detalles de este acuerdo es comprender el mensaje claro que pasa este acuerdo: cuando vivimos un momento donde muchos ponen en duda los fundamentos del comercio internacional, México y la Unión Europea damos un paso adelante para fortalecer este comercio internacional con reglas más claras, más justas y más predecibles"
Para el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, las cláusulas relativas a la solución de controversias implican protección de inversión “que siempre han exigido las empresas y ahí está”.
“Este es un acuerdo con reglas claras”, dijo el diplomático europeo en declaraciones a Diario Red América Latina en un evento sobre la modernización del TLCUEM, organizado por el Consejo Mexicano de Política de Asuntos Internacionales (Comexi) el pasado 18 de febrero. “Es un acuerdo que nos va a poner en un cuadro jurídico, político, predecible, estable”, afirmó André.
“Yo creo que hoy en día, ante tanta inestabilidad, más que buscar detalles de este acuerdo es comprender el mensaje claro que pasa este acuerdo: cuando vivimos un momento donde muchos ponen en duda los fundamentos del comercio internacional, México y la Unión Europea damos un paso adelante para fortalecer este comercio internacional con reglas más claras, más justas y más predecibles”, concluyó el embajador europeo.
En contraste, los activistas del TNI e IPS señalan que México se debería “asegurar de que cualquier acuerdo final para modernizar el TLCUEM no incluya el capítulo de inversiones que contenga el Investment Court System (ICS), por el que la UE aboga de manera hipócrita (mientras está eliminando ISDS entre sus países miembros y en su contra)”.
Después de años de negociaciones sobre la modernización de este tratado, la presidenta Sheinbaum dijo este jueves 19 de marzo, en el marco de un encuentro con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, que se firmará “definitivamente” este mes de abril, y nada parece indicar que habrá un cambio de último minuto en una de las cláusulas más relevantes para la parte europea.
Energía y hidrocarburos, puerta abierta
En los últimos años, las empresas del sector de la energía e hidrocarburos representan la mayoría de las firmas que han interpuesto demandas ISDS en centros de arbitraje internacionales, señaló el investigador Manuel Pérez Rocha en su encuentro del 14 de febrero con los activistas mexicanos, y esta tendencia va en aumento.
El tema no es menor para México. Esta semana, la presidenta Sheinbaum reveló que envió recientemente al Congreso la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que establece nuevos esquemas de inversión mixta en generación de electricidad y en producción de hidrocarburos.
La nueva ley, dijo la jefa del Ejecutivo, nos va a ayudar en la meta de reducir nuestra dependencia del gas natural de Estados Unidos del 75 % que actualmente se importa al 50 %, mediante esquemas de inversión mixta en producción de gas natural.
Además, precisó la mandataria, estos esquemas de inversión mixta también serán clave para otra de las metas del gobierno federal, que es producir 30 mil megawatts adicionales de electricidad para 2030.
Al hablar en la convención bancaria de la Asociación de Bancos de México, la presidenta dijo que estos mecanismos de inversión mixta están generando mucha expectativa en el sector privado. Explicó que el gobierno abrió un espacio para producir 3 mil watts con energías renovables en esquemas mixtos y creyó que se iban a interesar 15 participantes, pero se terminaron inscribiendo 300.
Con una presión cada vez mayor para aumentar el crecimiento de la economía en medio de un mundo más convulso, la presidenta Sheinbaum abre nuevas posibilidades de inversión al mismo tiempo que avanza en las modernizaciones de sus tratados comerciales más relevantes, un fino trazado que delinea poco a poco los contornos del llamado “segundo piso de la Transformación”.
