Mapa de casos ISDS
Bolivia
El Estado boliviano confirmó este miércoles que perdió el arbitraje internacional iniciado por BBVA y anunció que cumplirá el laudo que lo obliga a pagar aproximadamente 105 millones de dólares por las demoras en la transferencia de la administración de los fondos de pensiones al Estado.
El caso data de 2010, cuando el Gobierno nacionalizó las AFP. Desde España, se informó que el Tribunal de los Países Bajos rechazó el pedido de Bolivia de anular el laudo arbitral que ordenaba la indemnización.
La protección de la Amazonía es un tema central de la 30.ª Conferencia de las Partes (COP30) en Belém, Brasil. Sin embargo, los esfuerzos para garantizar su defensa corren el riesgo de perder financiación debido al mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS).
En una entrevista Quiroga dijo: "Volver a suscribir tratados bilaterales de protección de inversiones, hacer acuerdos de libre comercio (…) y reincorporar a Bolivia a todos los mecanismos de arbitraje internacional para que llegue inversión extranjera en hidrocarburos, en minería, en litio".
La ministra de Justicia y Transparencia Institucional confirmó que la petrolera trasnacional Shell tiene la intención” de iniciar un proceso de arbitraje, conforme al Artículo 8 del Convenio entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Bolivia, sobre el fomento y la protección de inversiones de capital, firmado en 1988.
La petrolera Shell, a través de su filial Shell Bolivia Corporation (SBC), notificó formalmente al Estado boliviano con el inicio de una disputa internacional por presuntas vulneraciones a sus derechos como inversor, en el marco del Tratado de Protección de Inversiones suscrito entre Bolivia y el Reino Unido.
El presidente boliviano, Luis Arce, agradeció las "intensas gestiones" de su par brasileño Lula Da Silva para que se concretara la adhesión al bloque económico.
El tribunal del arbitraje Orlandini v. Bolivia ha emitido el laudo en el que, según ha informado el Gobierno boliviano, ha ganado el Estado. El tribunal concluyó que Bolivia no incumplió sus obligaciones internacionales ni aquellas dispuestas en el tratado de inversión invocado.
Son cinco en materia de inversión y cinco comerciales. Para atenderlos, el Estado contrató 10 bufetes de abogados internacionales y otros son atendidos en el país.
La nacionalización de las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto y el centro minero de Colquiri, que operaba la minera Glencore Finance (Bermudas), le costará a Bolivia más de 253 millones y medio US$.
