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La revisión del T-MEC se ha convertido en “una forma de chantaje” en la política económica de la nación estadounidense, aseguró Aleida Hernández Cervantes, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
El sindicato ecuatoriano ASTAC y sus aliados europeos ActionAid Francia, FIDH, ASTM Luxemburgo y Baldon Avocats denuncian la escandalosa falta de protección para los derechos humanos y el medio ambiente en la industria bananera en el marco del Acuerdo Comercial multipartes UE-Ecuador.
El sindicato de la industria automotriz de Estados Unidos (UAW) considera que los trabajadores tanto en su país como en México y Canadá han resultado afectados negativamente por T-MEC y demandan que el acuerdo sólo se renueve si se incluyen cambios fundamentales para proteger los derechos y condiciones económicas de los trabajadores en los tres países.
En la próxima revisión del T-MEC, México debe tomar medidas que defiendan las fuentes de trabajo, principalmente en el sector automotriz, incluso, si es necesario con sanciones a las empresas que trasladen “injustificadamente” segmentos de su producción a los Estados Unidos, planteó el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas).
Organizaciones civiles mexicanas hicieron este martes un llamado al Gobierno de México a garantizar un comercio justo y libre de explotación, además de reforzar los mecanismos laborales, en la próxima revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026.
Cerca de cien organizaciones sociales exigen que la regularización migratoria y la entrega de documentos laborales para trabajadores agrícolas migrantes sea una prioridad de los gobiernos en la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Este texto muestra las asimetrías salariales y laborales existentes entre México y sus socios europeos en el contexto del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global) México-Unión Europea, suscrito en 1997 y en vigor en su parte comercial, desde el año 2000.
Frente al rezago acumulado de 80 por ciento de los salarios contractuales en el país, la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) propuso un mínimo regional en los sectores estratégicos cubiertos por el T-MEC, sobre todo en la industria manufacturera.
Líderes de la CROM, CROC, Telefonistas y Mineros pidieron al Gobierno federal integrarlos al “Cuarto de Junto” durante la revisión del T-MEC; aseguran que su exclusión limita la defensa de los derechos laborales y la posibilidad de fortalecer alianzas con las centrales obreras de EU y Canadá.
Sindicatos en Estados Unidos están exigiendo que las negociaciones para renovar el T-MEC incluyan la ampliación de los mecanismos laborales, aplicados casi exclusivamente a México, a que también aborden la falta de derechos en esa materia en territorio estadunidense.
